En sus primeros tiempos se llamó “sanidad” y todavía hay gente que lo conoce con ese nombre. Actualmente, es un centro de atención médica y de emergencias de primer nivel, abierto y a bajo precio, que, según advierten sus trabajadores, podría suspenderse si es que consolida el propósito de ponerlo bajo la dependencia del Hospital Daniel Bracamonte.
Se trata de un asunto administrativo, pero sus efectos los percibirá la población. Según el artículo 3 de la Ley 1152, el centro de salud, que actualmente se conoce como exSedes, es de “Primer Nivel de Atención en Salud”; es decir, el “punto de contacto inicial, permanente y privilegiado de personas, familias y comunidades con el sistema de salud”. Por ello, actualmente atiende cualquier tipo de consulta médica externa, incluyendo emergencias e inyectables, pero, si pasaría a depender del Bracamonte, que es de tercer nivel, entonces solo podría atender a los pacientes que sean remitidos o derivados por el hospital. Ya no habría atención directa y abierta.
El exSedes, “sanidad” o “multifuncional del Sedes” está en la plaza Arce, en la esquina de las calles Frías y Cochabamba. Fue remodelado y ampliado en la gestión del gobernador Juan Carlos Cejas y, gracias a eso, su infraestructura es de gran calidad. La consulta médica cuesta Bs 15 mientras que el servicio de inyectables es de 4 Bolivianos. No hay servicios médicos más baratos en la ciudad, con excepción de la Cruz Roja, que no es estatal.
Este centro es estatal; es decir, público, y los más de 20 funcionarios que tiene son dependientes del Ministerio de Salud, la mayoría de ellos con más de 20 años de antigüedad. Debido a ello, la Gobernación de Potosí, que es propietaria del edificio, no puede manejar esos cargos a su albedrío, salvo en la dirección, que es de libre nombramiento.
Por lo menos la mitad de los funcionarios de este centro acudieron a El Potosí para expresar su preocupación. Dicen que, desde hace por lo menos cuatro meses, la presión desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) es muy fuerte. Aseguran que se ha llegado al extremo de haber suspendido la dotación de insumos médicos básicos para la atención de consultas médicas (como algodón, vendas y otros) y ellos tienen que comprarlos con sus medios. El objetivo es doblegarlos, para que no objeten la transferencia.
Los trabajadores del centro tienen una propuesta propia para categorizar el centro y adecuarlo a la normativa vigente, pero el Sedes les ha ignorado por completo. Afirman que las autoridades de salud no han dado lugar ni siquiera al intercambio de criterios sobre la categorización porque su intención es imponer su propio proyecto, uno que pretende transformar a la “sanidad” en un brazo operativo del sistema de urgencias y emergencias del Bracamonte.
Si se opera el cambio que propone el Sedes, el centro funcionaría “bajo un sistema de respuesta y referencia, que permite resolver las emergencias detectadas y coordinar la referencia adecuada, justificada”. La “referencia” es la derivación que se hace de un centro hospitalario de tercer nivel, como es el Bracamonte, hacia otro de menor categorización. Eso significa que, para hacerse atender en la “sanidad”, hay que ir primero al hospital y, si el médico que atendió a un paciente considera que tendría que hacerse atender allá, recién se autorizará la consulta que, actualmente, es directa y sin menor trámite. Más aún, la referencia tiene que ser “justificada” porque, si no, tampoco se autorizará la atención en ese centro.
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