El Gobierno promulgó este martes el Decreto Supremo 5654, normativa que elimina la retención automática de los aportes sindicales a través de las planillas salariales en el sector público. La medida deja a los trabajadores la decisión de hacer esas contribuciones de manera voluntaria, lo que provocó el rechazo de sectores como el magisterio urbano, que consideran que la disposición es un intento de debilitar a los sindicatos.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el Estado ya no actuará como agente de retención, una demanda planteada por sectores sociales durante los recientes diálogos para levantar bloqueos de caminos. “Cualquier tipo de descuento debe ser autorizado expresa y explícitamente por los trabajadores y no deberían ser descuentos automáticos (…) Somos profundamente respetuosos de la libertad que tienen los trabajadores de decidir si quieren o no aportar, por ejemplo, a un sindicato”, explicó.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, indicó que la medida abroga disposiciones pasadas. “Desde un decreto de 1968 y otro del 2009, se obligaba al Estado a retener. Pero eso atenta a la independencia sindical. Ahora será el ciudadano de base, afiliado a un sindicato, quien acordará con sus dirigentes cómo van a aportar”, detalló la autoridad.
El decreto establece que las instituciones públicas y el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) únicamente aplicarán descuentos por seguridad social, faltas administrativas, RC-IVA, retenciones judiciales por asistencia familiar y cobros indebidos del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana quedaron excluidas de esta disposición.
