Un juez agroambiental del municipio cruceño de Roboré ordenó, a través de una sentencia, la rehabilitación y restitución del cauce del río San Lorenzo, interrumpido por la construcción de una represa por parte de un empresario ganadero que afectó a cinco comunidades y unas 1.500 familias. Estas se quedaron sin agua para sus cultivos y ganados. El caso llegó en casación al Tribunal Agroambiental (TA), que según los comunarios no se pronuncia desde hace más de tres meses y temen que el empresario que impugnó el fallo sea favorecido por los magistrados. 

Preocupados por la demora del fallo de fondo, el cacique de la comunidad de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado, presentó este martes un memorial en el TA, en Sucre, en el que solicita a los magistrados de la Sala Plena declarar la improcedencia del auto de la Sala Primera –que dispuso la suspensión del plazo para dictar el auto agroambiental– y de los recursos de casación interpuestos por Raúl Áñez Campos y Marcos Andrés Maggi, que pretenden la nulidad de la sentencia del juez agroambiental de Roboré que falló a su favor.