Una amenaza de un juicio contra el diario Página Siete por publicar un reportaje sobre un centro comercial, expresada por un director de asuntos legales del Ministerio de Obras Públicas terminó con una apresurada rectificación de ese despacho que declaró su respeto por la libertad de prensa.
En tono imperativo, el director de la oficina jurídica del Ministerio encargado de las obras estatales, Luis Alejandro Cabrera, conminó al medio impreso a presentar, en 48 horas, una explicación por la publicación de un reportaje que describe el funcionamiento de un edificio destinado al comercio y los servicios.
La nota de 19 de abril, argumenta su pedido en la Constitución que en su artículo 108 recuerda el deber de resguardar el patrimonio económico de Bolivia, y a la petición escrita, un derecho que está reservado a los ciudadanos para realizar solicitudes a funcionarios estatales.
La carta del funcionario devela por primera vez que el centro comercial descrito por el reportaje periodístico, se halla en terrenos que el Estado reclama como propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y que por ello se encuentra en litigio.
El medio escrito respondió con una enérgica defensa de la libertad de prensa. “Página Siete rechaza cualquier ‘anuncio’ de acciones legales atentatorio a la libertad de expresión y le hace notar al ciudadano firmante que los medios de comunicación independientes no tienen la obligación de informarle al Gobierno sobre sus publicaciones, puesto que Bolivia es un Estado democrático y la libertad de expresión está garantizada por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado”.
“El objetivo del citado reportaje es informativo y en ningún caso promociona determinada actividad privada. Y aun si así fuera, éste o cualquier medio de comunicación estarían en su derecho de hacerlo lícitamente”, explica el diario que invitó al ministro del área, Edgar Montaño, a informar sobre el conflicto sobre los terrenos del edificio mediante una entrevista.
El 20 de abril, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Obras Públicas difundió un comunicado que deja sin efecto la conminatoria a Página Siete y declara su respeto a la libertad de prensa.
Luego de lamentar el inconveniente ocasionado por la petición, “informa que se están tomando las medidas pertinentes para sancionar a los responsables de la misma”.
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