La Sala Penal Segunda fue conminada como resultado de una Acción de Libertad a instalar en un plazo de 72 horas la audiencia que aplazó hasta el 10 de septiembre para tratar el pedido de cesación de detención preventiva del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Franklin Gutiérrez. Fuera de los estrados judiciales se instaló una vigilia de cocaleros.

Su abogada, Paola Barriga, informó ayer de la decisión de la Sala del Tribunal Departamental de Justicia, lo que en su criterio es un antecedente importante para la presentación de una demanda internacional contra el Estado por la vulneración de los derechos de Gutiérrez, quien permanece en la cárcel desde el 28 de agosto.

“Ante la Acción de Libertad, la Sala Penal Tercera ha establecido que sí nos da la razón y que se ha generado una dilación en la presente causa y conmina a esta sala a que en el plazo máximo de 72 horas lleve esta audiencia de apelación”, explicó.

Consideró que hasta este sábado 8 de septiembre debe instalarse la audiencia ante la apelación a la detención preventiva.

Para ayer estaba programada, pero los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la suspendieron de forma sorpresiva el martes 4.

La defensa de Gutiérrez fue notificada de la decisión pasada las 18:00, por lo que decidieron presentar una Acción de Libertad ante la vulneración de los derechos de su defendido.

Gutiérrez fue llevado a los tribunales ayer por la tarde. Sus bases se concentraron en puertas del Tribunal, en el centro paceño, a la espera de la decisión judicial, aunque a diario lo hacen como medida de presión para exigir la libertad de su dirigente, quien es acusado por el Gobierno y la Policía de ser autor intelectual de la muerte de un policía en medio de un conflicto por la erradicación de coca en La Asunta.

Además del principal dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), hay otros detenidos por lo ocurrido en La Asunta. La Fiscalía, por otro lado, también investiga la muerte de dos cocaleros en la zona de conflicto que, según la Policía, fueron “neutralizados” porque eran francotiradores que hostigaban a los erradicadores.

Barriga negó en todo momento la participación de su cliente en los hechos de violencia y aseguró que no hay una prueba que respalde la acusación fiscal. Aseguró que no es cierto que su cliente haya viajado a Colombia, como aseveró la Fiscalía para relacionarlo con grupos de colombianos dedicados a la ilícita actividad del narcotráfico.