Dos de los cinco policías imputados por el presunto delito de uso indebido de influencias fueron enviados con detención preventiva al penal de Uyuni, acusados de presuntamente facilitar un teléfono celular al recluso Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia.
La determinación fue asumida por el juez cautelar Raúl Estrada, quien dispuso que los uniformados Josué G. y Noé Gonzales permanezcan privados de libertad durante cuatro meses, mientras avanzan las investigaciones del caso.
Ambos policías ya fueron trasladados al recinto penitenciario de Uyuni, desde donde deberán asumir su defensa frente a las acusaciones que pesan en su contra.
En tanto, para los otros tres imputados, Darwin H., César S. y César Fabián J., la autoridad judicial determinó detención domiciliaria. Como parte de las medidas impuestas, el Comando Departamental de la Policía deberá asignar un custodio permanente para cada uno de ellos. También se dispuso su arraigo nacional y otras restricciones personales.
Sin embargo, las medidas cautelares no quedaron cerradas. Durante la misma audiencia, los abogados de los investigados presentaron recursos de apelación contra las determinaciones judiciales. A su vez, la comisión de fiscales también apeló, debido a que había solicitado la detención preventiva para todos los imputados.
La audiencia cautelar maratónica duró más de 10 horas, donde las partes expusieron la fedensa de sus defendidos. Asimismo, el Ministerio Público fundamento la relación fáctica de la investigación e intervención policial al interior de la cárcel de Cantumarca.
LA INVESTIGACIÓN
El fiscal departamental de Potosí, Pablo Manrique, confirmó que se indaga si el recluso Roger Mariaca utilizaba los dispositivos móviles provistos clandestinamente para coordinar una posible evasión del recinto penitenciario.
Dado que las normas internas del penal prohíben de manera absoluta el uso de teléfonos y cualquier medio de comunicación externa para los privados de libertad, el acceso a esos aparatos encendió las alarmas en el Ministerio Público.
