La justicia de El Salvador comenzó ayer la persecución internacional al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado de malversar más de 231 millones de dólares, con la decisión de un juez de emitir una orden de captura contra el exmandatario asilado en Nicaragua.
El juez titular del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la emisión de una orden de captura internacional contra Funes, dos de sus hijos, su cónyuge y 11 prófugos más vinculados con la trama de corrupción.
Con estas personas suman 32 los enviados a instrucción y con orden de prisión preventiva por presuntamente integrar la estructura que sacó la millonaria cifra de los fondos del Estado a cuentas particulares y que posteriormente lavó el dinero.
El fallo contra Funes, su familia y el resto de imputados estaba pendiente desde el 11 de junio, debido a que no enviaron presentación legal a la audiencia inicial, por lo que el juez tuvo que resolver ante un defensor público en una diligencia "con vista de requerimiento".
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, explicó que el juez notificará a la oficina de la Interpol en El Salvador sobre su resolución para "poder elevar a la categoría de difusión roja lo ordenado y consecuentemente iniciar la búsqueda a nivel mundial".
Sin embargo, el funcionario no explicó si la calidad de asilado de Funes afectaría un proceso de extradición desde Nicaragua, país que enfrenta una crisis sociopolítica que ha dejado unos 285 muertos, atribuidos principalmente a la fuerzas del presidente Daniel Ortega.
Algunos analistas salvadoreños han asegurado que el asilo de Funes perdió vigencia al ser acusado penalmente, dado que esta figura sirve únicamente para proteger a perseguidos políticos.
El Gobierno de Nicaragua, un aliado histórico del partido que llevó a Funes al poder, otorgó asilo al expresidente, a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas en septiembre de 2016.
