Inmerso en un total de 11 batallas legales, el alcalde titular de Potosí, Jhonny Llally, ha ido superando las medidas cautelares que derivaron en su detención preventiva y ahora está a la espera de que el juez Raúl Raya determine si, además de tener detención domiciliaria, puede volver a trabajar. En otros casos que enfrenta, particularmente las acusaciones de supuestos abusos sexuales, ha logrado modificar su situación procesal e incluso ya le dieron derecho al trabajo en uno de ellos.
El caso en el que ya tiene derecho al trabajo es aquel en el que D.S.Q.T. lo denunció por supuestamente haberla violado en la calle Tomás Katari, al promediar las 23:30 del 6 de enero de 2021, cuando Llally la acompañaba a su casa. La denuncia sobre ese supuesto hecho fue presentada el 24 de abril de 2023 y el fiscal Dennis Pedro Castillo Ruiz imputó al alcalde por la presunta comisión del delito de violación, pero ese tipo penal ya ha cambiado porque ahora el caso sigue por abuso sexual.
“En el presente caso se ha constatado que hay una nueva realidad jurídica en ese contexto, la situación procesal del mismo ha cambiado, por ende, lo solicitado en referencia a su derecho a poder trabajar es un aspecto definido por la misma Constitución Política del Estado arts. 46 y Sgtes”, dice la resolución del juez de instrucción cuarto en lo penal, Américo Calderón, que lleva fecha del 27 de febrero de 2024.
Con esas y otras consideraciones, el juzgador señaló que “estando ratificada esta decisión, por el SUPERIOR EN GRADO, es necesario que se otorgue el permiso de trabajo, en los horarios considerados normales de trabajo, que son: de 07:30 a.m., con descanso de dos horas para el almuerzo y hasta las 07:30 p.m., todos los días laborales, establecidos en la Ley General del Trabajo, que son de lunes a sábado, excepto días declarados feriados nacionales o departamentales, por alguna disposición legal vigente”.
Como Calderón señala que su resolución habría sido ratificada por su superior en grado, que es la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, este diario asume que ya se llegó a una instancia de apelación en la que se dio por bien tomada la decisión del juez.
Todavía está pendiente el derecho al trabajo solicitado al juez Raya, que atiende otra denuncia por violación, y hasta ayer no se sabía cuándo se realizará la audiencia para considerar ese pedido que debe tomar en cuenta un detalle: la víctima, Y.J.P., trabaja actualmente en la Alcaldía de Potosí debido a que la entonces alcaldesa interina, Lesly Flores, le firmó un contrato que tiene vigencia del 12 de enero al 31 de diciembre de 2024.
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