Fuentes consultadas por este diario exigieron que la diputada Lissa Claros presente pruebas documentadas sobre la presunta participación del hijo del presidente Luis Arce en el proceso de industrialización del litio del Salar de Uyuni.
Si bien este periódico intentó comunicarse con el aludido, solo fue posible contactar a personas de su entorno que pidieron reserva de la fuente.
Las fuentes señalan que se asumirá todas las medidas legales para que se respete el honor de Luis Marcelo Arce Mosqueira y acabar así de una vez por todas con todas estas acusaciones que señalan que calificaron de difamaciones por no contar con fundamentos ni pruebas fehacientes.
En ese marco, señalaron que las alusiones a la presunta injerencia de Luis Marcelo Arce Mosqueira en el proceso para el litio no gozan de sustento documental alguno. Afirman que todo parece ser parte de una campaña de desprestigio en contra de la familia del jefe de Estado.
Esa fue su reacción, al día siguiente de que la diputada potosina Lissa Claros afirmara, en conferencia de prensa, que Arce Mosqueira está involucrado en el proceso. Un resumen de la conferencia circula en redes sociales bajo la forma de un video de tik tok. Claros ha confirmado su autenticidad y señala que el comité de política internacional de la Cámara de Diputados ha solicitado información a la directiva de esa instancia legislativa.
Según palabras de la diputada, “no están permitiendo que como legisladores tengamos acceso a la información para poder informar a la población potosina y boliviana de lo que está pasando”. Argumentó que no van a permitir que se manosee el litio y sea “malbaratado” por personas que nada tienen que ver con el asunto.
Pero el entorno de Arce Mosqueira ha negado cualquier implicación del susodicho en actividades de negociado de litio a nivel internacional. Incluso, desde la empresa estatal YLB se remiten al proceso que califican de transparente y sigue su proceso administrativo en la actualidad.
Recordaron que no es la primera vez que Arce Mosqueira es acusado de mover los hilos de empresas estatales, puesto que incluso la periodista Amalia Pando habló directamente sobre un supuesto negocio en Venezuela. En este caso concreto, Arce demandó a la informadora ante el Tribunal de Ética Periodística que terminó fallando a favor del hijo del presidente.
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