Las aprehensiones de Edmundo Novillo y Jhonny Fernández plantean una pregunta común: ¿quién responde cuando decisiones tomadas desde el poder comprometen recursos que pertenecen a todos? Los casos son distintos y las responsabilidades deben probarse, pero ambos exigen explicar qué ocurrió con el dinero y por qué proyectos públicos terminaron bajo sospecha.
Novillo, ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce, fue aprehendido el 29 de octubre tras declarar por el denominado caso Radares. La investigación se refiere al sistema de defensa aérea contratado en 2016 para instalar 13 equipos franceses. Según la denuncia, el presunto daño económico supera Bs 1.478 millones. El Gobierno sostiene que solo dos radares estaban operativos; otros presentaban observaciones o no funcionaban. Novillo se declaró inocente y afirmó que presentó descargos. La investigación alcanza a exministros de anteriores gestiones: debe reconstruir decisiones de varios gobiernos y no reducirse a una sola firma.
En Santa Cruz, el exalcalde Jhonny Fernández fue enviado con detención preventiva por 180 días a Palmasola, dentro de una investigación por presunta malversación de Bs 191 millones provenientes de créditos municipales destinados a 17 obras. La Fiscalía sostiene que varias quedaron inconclusas o no fueron ejecutadas. La medida cautelar no es una condena; sí obliga a esclarecer el destino de fondos que debían convertirse en infraestructura para los vecinos.
El proyecto de radares atravesó varias administraciones. La fiscalización no puede depender de quién gobierna ni convertirse en revancha: debe revisar contrato, modificaciones, pruebas, pagos y recepción. En Santa Cruz, corresponde precisar qué obras se ejecutaron, quién certificó avances y dónde están los recursos.
La presunción de inocencia es indispensable. Aprehender no es condenar y la detención preventiva no reemplaza una sentencia. Pero tampoco debe servir para postergar respuestas. La justicia debe actuar con independencia y evitar que el espectáculo de un operativo suplante la prueba. Las defensas tienen derecho a argumentar; la ciudadanía, a conocer los resultados.
Tampoco basta con que haya personas en celdas. Si se confirma daño económico, el Estado debe recuperar los recursos y aplicar las sanciones correspondientes. Santa Cruz necesita saber si las obras serán concluidas. En radares, Bolivia requiere una explicación técnica sobre el funcionamiento del sistema, los pagos y la utilidad recibida. La detención preventiva no enciende un radar ni termina una avenida.
El problema de fondo es el control del gasto. Contratos grandes, créditos municipales, modificaciones y recepción de obras deben tener fiscalización oportuna y controles que funcionen antes de que el perjuicio sea irreversible. Cuando las instituciones reaccionan años después, el costo lo asume la población en seguridad, infraestructura, servicios y confianza.
Novillo y Fernández deben responder, cada uno en su proceso, por los hechos atribuidos. Las autoridades denunciantes deben sostener sus acusaciones con evidencia. Investigar a exautoridades no es un triunfo político; es una obligación estatal. Probar responsabilidades y recuperar lo perdido sí sería un resultado público.
El dinero público no tiene dueño político. No pertenece al ministro, al alcalde ni al partido que administra una institución: pertenece a la sociedad. Bolivia no necesita una lista de aprehendidos como medida de éxito, sino cuentas claras: qué se contrató, qué se pagó, qué se recibió, qué falló y quién debe reparar el daño. La justicia debe llegar hasta el final; la transparencia, mucho antes.
