En septiembre de 1986, el caso Huanchaca reveló una de las páginas más oscuras de la historia boliviana: una gigantesca fábrica de cocaína operaba en el país y terminó convertida en escenario del asesinato del científico Noel Kempff Mercado y sus acompañantes. Cuarenta años después, el caso Marset plantea una pregunta: ¿cuánto ha avanzado el Estado en la lucha contra el narcotráfico y cuánto poder han acumulado las mafias?
En Huanchaca hubo condenas por los asesinatos, pero la justicia nunca esclareció quiénes financiaban y protegían aquella estructura criminal. Las sospechas de encubrimiento y el asesinato del diputado Edmundo Salazar, que encabezaba una comisión parlamentaria sobre el caso, dejaron una herida abierta. Se castigó a algunos responsables, pero Bolivia no obtuvo todas las respuestas.
El caso del uruguayo Sebastián Marset vuelve a poner esa realidad frente a nuestros ojos. Una nota de Correo del Sur, publicada este lunes, recoge las declaraciones del teniente coronel Erick Correa, actualmente con mandamiento de aprehensión, quien sostiene que mandos policiales y políticos conocían información sobre los bienes del narcotraficante. Afirma tener informes, fotografías y audios, y dice temer por su vida.
Sus declaraciones deben investigarse y contrastarse. No corresponde convertirlas en sentencias anticipadas, pero tampoco ignorarlas. Si hubo informes sobre bienes vinculados a Marset y llegaron a superiores policiales, debe establecerse quiénes los recibieron y qué hicieron con ellos.
Las dudas sobre las maletas presuntamente retiradas de la vivienda de Marset durante el operativo agravan la preocupación. Si se confirma la desaparición de dinero u objetos de valor, se comprometería la credibilidad de la investigación. No puede perseguirse selectivamente a unos mientras otros quedan al margen del esclarecimiento.
La alarma tampoco termina en Santa Cruz. En Pando se han denunciado intentos de expansión territorial de organizaciones brasileñas como el Comando Vermelho. Estas alertas revelan la vulnerabilidad de las fronteras.
En el Chapare, la persistencia de extensos cultivos de coca obliga a examinar los controles y la capacidad estatal para impedir que redes ilícitas se beneficien de esa actividad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) registró en 2025 un total de 36.400 hectáreas de coca en Bolivia, un aumento del 7% respecto de 2024. La cifra no demuestra control mafioso, pero exige distinguir entre producción legal y desvío al narcotráfico.
El problema de fondo es la impunidad. Destruir fábricas, incautar cargamentos y anunciar operativos no basta si financiadores, intermediarios y eventuales protectores institucionales permanecen fuera del alcance de la justicia. La eficacia debe medirse por la capacidad de desarticular organizaciones, confiscar sus fortunas ilícitas y sancionar a quienes usan el poder público para favorecerlas.
De Huanchaca a Marset han transcurrido cuatro décadas, varios gobiernos y numerosas promesas. Sin embargo, seguimos preguntándonos quién protege a las mafias y por qué tantos escándalos dejan más interrogantes que respuestas.
Bolivia no necesita otra comisión que archive sus conclusiones. Necesita justicia independiente, controles efectivos sobre la Policía y autoridades dispuestas a investigar incluso a sus superiores.
Las mafias pueden cambiar de nombres, nacionalidades y métodos, pero la impunidad sigue siendo su mejor aliada. Mientras el Estado no rompa esa protección, cada nuevo caso será menos una sorpresa que la confirmación de un fracaso.
