Bolivia enfrenta una amenaza que ya no es exclusivamente policial. Las denuncias sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios, las supuestas amenazas contra el presidente Rodrigo Paz y su familia, y las dificultades para ejercer autoridad en algunas regiones obligan a preguntarse cuánto poder ha acumulado el narcotráfico.
El caso de Sebastián Marset expuso las dimensiones de una organización criminal transnacional y dejó preguntas urgentes: ¿cómo pudo operar durante tanto tiempo?, ¿quiénes facilitaron su permanencia?, ¿qué funcionarios pudieron protegerlo? Y, sobre todo, ¿se desmanteló la estructura que le permitió actuar?
Las acusaciones que alcanzaron al fiscal general Roger Mariaca agravan las dudas sobre la capacidad institucional. Cuando las sospechas recaen sobre quienes deben investigar y perseguir el delito, la lucha antidroga se convierte también en una crisis de confianza. Su gravedad exige investigaciones independientes y respuestas claras.
A ello se suman las amenazas denunciadas por Paz contra él y su familia. Si están relacionadas con acciones contra organizaciones criminales, como sostiene el Ejecutivo, el desafío compromete la seguridad de las más altas autoridades. Los responsables deben ser identificados y sus motivaciones esclarecidas. Que un presidente denuncie intimidaciones es una señal alarmante del poder que pueden ejercer estas redes.
También preocupa que la autoridad estatal esté limitada en algunos lugares. Las denuncias sobre obstáculos al ingreso policial en comunidades del Chapare, ataques a operativos antidroga y presencia criminal en zonas fronterizas no pueden minimizarse. Cuando la Policía no actúa libremente, los habitantes temen denunciar y grupos criminales imponen miedo, la soberanía deja de ser efectiva.
El narcotráfico desafía al Estado cuando la ley no se aplica, los funcionarios temen cumplir sus obligaciones y la población queda sometida a quienes operan al margen de ella.
La lucha antidroga no puede medirse solo por toneladas incautadas, fábricas destruidas o detenidos exhibidos. Son importantes, pero insuficientes si permanecen las rutas, las redes financieras y los mecanismos de protección. La prioridad debe ser seguir el dinero, identificar beneficiarios, investigar complicidades y desarticular estructuras, no solo reemplazar operadores.
El Gobierno debe esclarecer las denuncias, proteger a las autoridades amenazadas y recuperar la capacidad de ejercer la ley en todo el territorio. Se requieren transparencia, independencia judicial y garantías constitucionales. La lucha antidroga no puede convertirse en persecución política ni justificar decisiones arbitrarias. Las redes sobreviven a los cambios de Gobierno; las responsabilidades deben establecerse individualmente.
Bolivia necesita una política de Estado que persiga el lavado de dinero, desmonte organizaciones criminales y garantice que ninguna comunidad quede sometida al miedo. La soberanía no consiste solo en que un territorio figure dentro de las fronteras; supone que la ley proteja allí a sus habitantes.
Un país no pierde su soberanía únicamente cuando una potencia extranjera invade sus fronteras. También la debilita cuando organizaciones criminales intimidan autoridades, condicionan la justicia y desafían la ley. Bolivia aún puede impedir que ese escenario se consolide. Pero necesita más que discursos y operativos: necesita un Estado que investigue a los poderosos, proteja a sus ciudadanos y ejerza su autoridad en cada rincón del territorio nacional.
