La posesión de nueve fiscales departamentales en suplencia legal abre una oportunidad para recuperar la confianza en el Ministerio Público, pero también plantea un riesgo: confundir resultados con titulares. La justicia no se mide por el ruido de una acusación, sino por las pruebas y el respeto al debido proceso.
Sucre está en el ojo de la tormenta. En la capital de Bolivia se encuentran la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de Chuquisaca; ninguna otra ciudad concentra la responsabilidad nacional y la atención territorial del Ministerio Público. La investigación que involucra al exfiscal general Roger Mariaca y las denuncias sobre una presunta red de corrupción mantienen los ojos del país puestos allí. Mientras los hechos no se esclarezcan por la vía legal, las sospechas seguirán pesando sobre una institución cuya herramienta debería ser la confianza pública.
Pero la crisis no se limita a Sucre. Potosí tiene razones propias para exigir explicaciones. En el Departamento se han acumulado procesos contra exautoridades: un exgobernador encarcelado, exalcaldes y exconcejales investigados que suman más de una veintena de autoridades que afrontan procesos con medidas cautelares alternativas. Sin embargo, las solicitudes de información sobre varios casos han tropezado con el hermetismo de anteriores administraciones fiscales. La reserva legal no puede convertirse en excusa general para el silencio, menos cuando se trata de asuntos de interés público.
El nuevo fiscal departamental de Potosí, Pablo Daniel Manrique Videla, tiene una tarea concreta: informar sobre el estado de los casos dentro de los límites legales y evitar que las investigaciones se prolonguen indefinidamente. No se trata de anticipar culpabilidades, sino de demostrar que los expedientes avanzan con criterios jurídicos y sin privilegios.
Los nueve fiscales no fueron designados como titulares, sino en suplencia legal, por un periodo inicial de 90 días. En esta transición, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe encaminar la elección del nuevo fiscal general y, posteriormente, esa autoridad deberá designar a los fiscales departamentales titulares. Quienes hoy ocupan esos despachos ejercen, por tanto, en una etapa provisional.
El riesgo es que fiscales en funciones —potenciales candidatos a los cargos titulares— intenten ganar notoriedad con anuncios rimbombantes, filtraciones o acusaciones de alto impacto contra autoridades para mejorar sus posibilidades de designación. No corresponde afirmar que eso vaya a ocurrir, pero sí advertir que el sistema debe prevenirlo. La investigación penal no puede convertirse en una campaña de méritos personales ni en plataforma de promoción.
La respuesta no es exigir inacción, sino resultados verificables. Una Fiscalía independiente debe investigar al poderoso y al desconocido, informar con transparencia dentro de los límites legales y sostener sus decisiones en evidencias, no en conveniencias políticas o aspiraciones profesionales. La elección del fiscal general tampoco puede convertirse en reparto de cuotas: debe ser un procedimiento público y basado en méritos.
Sucre necesita que se esclarezca la crisis que golpea a la Fiscalía General; Potosí, que los procesos contra sus exautoridades dejen de ser expedientes opacos. Ambos departamentos —y el país— necesitan algo más que nuevos nombres y promesas: necesitan una justicia que actúe con independencia, transparencia y respeto a la ley, porque cuando la Fiscalía, o algún exfiscal actuando por su cuenta, buscan aplausos antes que pruebas, la justicia se convierte en espectáculo.
