Cuando la economía se vuelve incierta, el Gobierno no puede convertir las facturas de electricidad en otro mecanismo para trasladar sus costos a las familias. La energía eléctrica es un servicio esencial, no un lujo del que se pueda prescindir ni un gasto que los hogares puedan absorber indefinidamente. Por eso, modificar las fórmulas que determinan sus tarifas exige algo más que promesas de estabilidad: requiere transparencia, fiscalización y garantías de que el consumidor no terminará pagando, sin explicación suficiente, las consecuencias de las decisiones económicas del Estado.
El Decreto Supremo 5750, promulgado el 13 de octubre, modifica los mecanismos de actualización de los precios y las tarifas máximas del sector eléctrico. La disposición responde a las modificaciones del régimen cambiario e incorpora, en distintas fórmulas, variables como el promedio del tipo de cambio oficial, el índice de precios al consumidor, los combustibles y determinados aranceles aplicables a equipos de generación. El propósito declarado es amortiguar las fluctuaciones del dólar y evitar variaciones bruscas en las tarifas.
La explicación oficial merece ser escuchada, pero también examinada. El Gobierno estima que la variación rondaría el uno por ciento y ejemplifica que una factura de 100 Bolivianos podría pasar a 101, manteniendo constante el consumo. Esa proyección; sin embargo, no sustituye la obligación de publicar los cálculos que permitan conocer el impacto efectivo sobre cada categoría de usuarios. Tampoco debe confundirse una estimación general con un resultado uniforme para todo el país.
El problema de fondo es que la tarifa eléctrica no depende de una sola variable. Las nuevas fórmulas contemplan distintos componentes, desde la generación hasta la transmisión y la distribución. El efecto final dependerá de las ponderaciones y de los costos reconocidos en cada caso. Por eso, la discusión no puede agotarse en la afirmación de que no habrá un tarifazo, pero tampoco debe convertir una modificación metodológica en prueba automática de un incremento desproporcionado.
La transparencia es indispensable. La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear debe informar qué componentes cambian, cómo se aplican las nuevas fórmulas y cuáles son las diferencias concretas en las facturas. Los consumidores tienen derecho a conocer no solo cuánto pagan, sino por qué y qué mecanismos existen para controlar los costos reconocidos a las distribuidoras.
Esta obligación adquiere especial importancia en Chuquisaca y Potosí. En Sucre, la estructura tarifaria de Cessa establece cargos diferenciados según los niveles de consumo. En Potosí, Sepsa cuenta con tarifas base aprobadas para el periodo 2025-2029. Esas estructuras no permiten, por sí solas, concluir cuánto representa el nuevo mecanismo en cada factura. Para hacerlo se necesita una comparación oficial entre los valores anteriores y los actualizados, con categorías equivalentes y consumos similares.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar las consecuencias de sus decisiones económicas antes de que la incertidumbre se convierta en desconfianza. Si el nuevo sistema busca estabilizar las tarifas, debe demostrarlo con información pública, verificable y comprensible. Y si los costos aumentan, corresponde explicar sus causas, identificar medidas de mitigación y evitar que los hogares más vulnerables soporten una carga desproporcionada.
La estabilidad eléctrica también exige empresas sostenibles, inversiones oportunas y un servicio confiable, pero esa necesidad no exime al regulador de fiscalizar ni autoriza a trasladar automáticamente cualquier variación económica al usuario. La eficiencia empresarial y la protección del consumidor no son objetivos incompatibles: ambos forman parte de una regulación responsable.
La electricidad no puede convertirse en otra fuente de incertidumbre para las familias bolivianas. Si el Gobierno modifica las reglas tarifarias para adaptarlas a una economía cambiante, debe acompañar esa decisión con rendición de cuentas. La confianza pública no se construye asegurando que todo está bajo control, sino mostrando las cifras, explicando las decisiones y demostrando que el interés de los consumidores también cuenta.
