El Departamento de Potosí y el municipio de Pocoata dejarían de percibir alrededor de 14 millones de dólares anuales por concepto de regalías mineras debido a una operación de explotación ilegal de oro en el río Tagoni, ubicado en el norte de Potosí.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que tres empresas privadas y una cooperativa minera explotaban oro en la zona, con una producción estimada de una tonelada y media al año. La actividad se desarrollaba en Pocoata, provincia Chayanta, sin contar con los derechos mineros habilitantes, según la entidad.

De acuerdo con la información proporcionada, la explotación de ese volumen de oro representaría un importante movimiento económico. Sin embargo, las cifras sobre el valor de la producción y las regalías que deberían percibir las entidades públicas deben ser verificadas para establecer con precisión el alcance de las pérdidas.

La Ley de Minería y Metalurgia establece la distribución de las regalías mineras entre los gobiernos autónomos departamentales y municipales productores. En el caso de Potosí, el 85% corresponde al Gobierno Autónomo Departamental y el 15% a los gobiernos municipales productores, conforme al artículo 229 de esa norma.

Con base en la estimación de 14 millones de dólares anuales en regalías no percibidas, la Gobernación de Potosí dejaría de recibir aproximadamente 11,9 millones de dólares por año, mientras que el municipio de Pocoata perdería alrededor de 2,1 millones de dólares.

El investigador minero y docente universitario Héctor Córdova considera que una alternativa para enfrentar la explotación ilegal del oro es que el Gobierno centralice su comercialización. Según su planteamiento, este mercado movería alrededor de 8.000 millones de dólares al año, por lo que un mayor control estatal podría contribuir a enfrentar la escasez de divisas en el país.

Expertos en minería advierten que la explotación ilegal de oro no se limita a Pocoata, sino que también se desarrollaría en sectores de la cuenca del río San Juan del Oro, Vitichi y otras zonas de Potosí.

Parte de estas operaciones se instalaría de manera precaria y, después de trabajar durante cierto tiempo en un lugar, trasladaría sus actividades a otra zona. Esta dinámica podría agravar los impactos ambientales, particularmente sobre la calidad del agua de los ríos, los suelos y el aire.