El 26J y la verdad

Más de dos años después de la asonada militar del 26 de junio de 2024, el juicio contra el general Juan José Zúñiga coloca sobre la mesa algo que Bolivia necesita: una explicación verificable sobre lo ocurrido en esa fecha en la plaza Murillo.
Las declaraciones recientes no han cerrado el caso: han abierto nuevas interrogantes. Zúñiga volvió a sostener que recibió órdenes para trasladar efectivos y vehículos militares hacia la plaza Murillo y que esas instrucciones provenían del entonces presidente Luis Arce y del exministro de Defensa, Edmundo Novillo. Su versión será valorada por el tribunal.
Pero también hay elementos que no pueden ignorarse: El exviceministro Jhonny Aguilera, convocado como testigo de descargo, declaró que el 26 de junio no hubo golpe de Estado y que la actuación de las fuerzas del orden y la reacción ciudadana impidieron que los militares ingresaran al Palacio de Gobierno.
La declaración de Luis Arce tampoco despejó las dudas. El expresidente negó haber tenido contacto previo con los integrantes del Alto Mando Militar, aunque reconoció que se comunicó con el entonces ministro de Defensa, quien se encontraba reunido con el Alto Mando. Zúñiga cuestionó su testimonio y afirmó que encontró contradicciones y vacíos.
Hay demasiadas preguntas abiertas para conformarse con una versión política.
La primera es elemental: ¿quién ordenó que los blindados y efectivos militares se trasladaran hacia la plaza Murillo? La segunda: ¿con qué propósito? La tercera: ¿quiénes conocían de antemano ese movimiento? Y la cuarta: ¿qué pretendían hacer los militares cuando un blindado derribó la puerta del Palacio Quemado?
No basta con establecer que no se produjo un cambio de gobierno. Un golpe puede fracasar y seguir siendo una tentativa de golpe. Del mismo modo, tampoco basta con afirmar que hubo un supuesto autogolpe porque el Gobierno pudo haber obtenido algún beneficio político de la crisis. Una hipótesis no sustituye a una prueba judicial.
Lo que corresponde es investigar ambas posibilidades. Si Zúñiga recibió una orden presidencial para movilizar tropas, debe demostrarse quién la impartió y con qué finalidad. Si actuó por iniciativa propia o existió un plan para tomar el poder, también debe demostrarse. Y si hubo una operación para provocar una crisis que favoreciera al Gobierno, sus responsables deben responder ante la justicia.
La justicia no puede escoger la versión más conveniente para una corriente política ni convertir el juicio en una prolongación de disputas partidarias.
El país tiene derecho a conocer la verdad sobre aquella tarde. No una verdad oficial, militar, partidaria o mediática, sino una verdad sustentada en documentos, comunicaciones, órdenes, registros, testimonios y pericias.
También es indispensable determinar responsabilidades individuales. Obedecer órdenes no significa automáticamente que sean legales; una instrucción civil tampoco se convierte automáticamente en legítima. En un Estado de derecho, la obediencia tiene límites y el poder civil también está sometido a la ley.
El juicio puede ser una oportunidad para cerrar una herida política profunda. Pero necesita independencia, transparencia y rigor. Las declaraciones contradictorias no deben servir para fabricar culpables ni para absolver anticipadamente a nadie.
El 26 de junio de 2024 Bolivia vio tanques frente al Palacio de Gobierno. Ese hecho ocurrió. Lo que todavía necesita explicación es por qué ocurrió, quién lo decidió y qué pretendía conseguir.
Esa verdad no puede quedar sepultada bajo un blindado.