Los datos nacionales de la inflación pueden ocultar realidades distintas. En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,85% en Bolivia; sin embargo, Sucre registró 2,26% y Potosí 1,88%, las variaciones más elevadas según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El acumulado nacional entre enero y septiembre llegó a 3,88%, mientras que la variación a doce meses alcanzó 5,70%. Una menor inflación mensual no significa que los precios hayan vuelto a niveles anteriores ni que las familias recuperaran el poder adquisitivo perdido. Cuando suben los alimentos y el transporte, el impacto es inmediato en los hogares que destinan casi todos sus ingresos al consumo básico.
El INE identificó entre los productos y servicios que más incidieron en el aumento de septiembre al tomate, la papa, la cebolla, las bebidas gaseosas, los teléfonos celulares y el transporte público. La inflación no afecta por igual a todos los bienes ni a todas las familias: para quien compra alimentos diariamente, el encarecimiento de productos esenciales pesa mucho más que la reducción de un artículo que quizá no necesita.
¿Por qué Sucre y Potosí tuvieron aumentos superiores al promedio nacional? La estadística muestra la diferencia, pero no basta para explicar sus causas. Es necesario examinar los costos de transporte y distribución, el abastecimiento, la dependencia de productos que llegan de otros Departamentos. También corresponde fiscalizar posibles abusos y prácticas especulativas, sin acusar automáticamente a los comerciantes. Hay que distinguir entre costos reales, problemas logísticos y conductas sancionables.
En septiembre comenzó la eliminación del subsidio al diésel, una decisión que puede repercutir en los costos de traslado. No sería riguroso atribuirle por sí sola toda la inflación del mes: el índice recoge el movimiento de numerosos bienes y servicios. Pero tampoco corresponde ignorar que el combustible es un insumo transversal. Si transportar alimentos y mercancías cuesta más, el efecto puede llegar al consumidor y afectar especialmente a ciudades alejadas de los principales centros de producción y distribución.
La desigualdad aparece también en la capacidad de resistir las alzas. Un hogar de ingresos altos puede cambiar marcas o reducir gastos secundarios. Una familia que vive al día tiene menos margen: compra cantidades pequeñas, paga el transporte necesario para trabajar y posterga gastos esenciales. Un mismo porcentaje de inflación puede representar sacrificios muy diferentes. La cifra es general; sus consecuencias son concretas y desiguales.
El Gobierno debe publicar información más desagregada, hacer seguimiento de los precios de la canasta básica y coordinar acciones con municipios, productores, transportistas y comerciantes. La fiscalización debe ser transparente, con resultados conocidos y sanciones cuando existan infracciones comprobadas. Las autoridades locales pueden mejorar la información de mercados y facilitar el abastecimiento, sin controles improvisados que provoquen escasez.
Sucre y Potosí no necesitan explicaciones genéricas ni promesas. Necesitan saber por qué sus precios suben más, qué factores pueden corregirse y quién debe actuar. El promedio nacional describe una tendencia, pero no debe invisibilizar las diferencias regionales. Medir la inflación es indispensable; explicar sus causas y proteger a quienes tienen menos capacidad para afrontarla es una obligación pública. El costo de vida no se mide solamente en porcentajes: también en lo que una familia deja de comprar.
La base estadística está verificada con el reporte del INE del 5 de octubre de 2026. El organismo identifica los productos que presionaron los precios y confirma las variaciones regionales.
