Cuando un país extranjero retira visas a decenas de funcionarios bolivianos, el problema no es que pierdan la posibilidad de viajar a Estados Unidos… la alarma es que los señalamientos alcancen a quienes debían proteger la legalidad. En menos de un mes, Washington hizo públicos los nombres de 28 bolivianos sometidos a restricciones migratorias; la mayoría está vinculada con la justicia. La nueva lista incluye al exfiscal general Juan Lanchipa y a los diputados Rafael López y Rolando Pacheco.
La dimensión del caso exige algo más que indignación partidaria. Entre los identificados hay 16 jueces o fiscales, además de un exministro de Justicia y policías o expolicías. La reiteración de nombres ligados al sistema judicial pone bajo una luz incómoda a instituciones cuya misión es actuar con independencia y combatir la corrupción.
Hay que establecer una distinción indispensable: la restricción de una visa no equivale a una condena penal ni demuestra, por sí sola, que alguien haya cometido un delito. El reporte sobre la nueva nómina señala que Estados Unidos no detalló conductas individuales ni presentó públicamente pruebas específicas contra cada persona. Corresponde respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Pero esa cautela no puede convertirse en excusa para mirar hacia otro lado.
Las decisiones de Washington son medidas migratorias adoptadas bajo su legislación. No reemplazan a los órganos de control bolivianos ni deben aceptarse como veredictos incuestionables. Lo preocupante es que la información divulgada desde el exterior termine haciendo el trabajo que las instituciones nacionales tendrían que realizar con autonomía: investigar indicios e identificar responsabilidades.
La primera lista ya tuvo consecuencias en la Fiscalía General, incluida la salida de Roger Mariaca y el inicio de investigaciones contra otros funcionarios. La segunda abre interrogantes también en el Legislativo. Si entre los señalados hay autoridades en ejercicio, las instancias competentes deben aclarar qué medidas corresponden, sin convertir la investigación en vendetta política ni en encubrimiento. Ni el cargo ni la pertenencia partidaria pueden bloquear el escrutinio; la presión extranjera tampoco sustituye la ley.
El Gobierno y la Asamblea deben responder con hechos: requerir información por vías oficiales, preservar pruebas, investigar con independencia y comunicar resultados verificables. Los partidos deben abandonar la tentación de usar cada nombre para atacar al adversario mientras callan cuando el cuestionamiento alcanza a los propios. Una lucha contra la corrupción que depende de quién aparece en la lista no es lucha contra la corrupción: es cálculo político.
La vergüenza no consiste en que Estados Unidos cierre sus puertas a funcionarios bolivianos. Consiste en que las sospechas sobre quienes administran justicia se acumulen sin respuestas convincentes de las instituciones nacionales. Ningún gobierno extranjero puede limpiar la justicia boliviana por nosotros. Puede imponer restricciones y elevar el costo internacional del descrédito; esclarecer los hechos, probar delitos y sancionar a los responsables corresponde a Bolivia.
Que estas listas no terminen en otro escándalo fugaz, consumido entre declaraciones y disputas partidarias. Si hay pruebas, que se investigue y sancione conforme a ley; si no las hay, que se aclare y se restituya la honra de los afectados. Lo inadmisible es que la ciudadanía siga atrapada entre acusaciones externas y silencios internos. La justicia no recuperará su credibilidad con comunicados defensivos, sino demostrando que nadie está por encima de la ley y que nadie puede ser condenado sin pruebas.
