Los cargos públicos no son trofeos electorales ni propiedad de quienes los consiguen. Son responsabilidades financiadas por la ciudadanía y deben responder a las necesidades colectivas, no a presiones de grupos, amistades o intereses particulares. Sin embargo, en Bolivia, la disputa por puestos y espacios de poder se ha vuelto recurrente en la política.
La controversia surgida este fin de semana en Potosí, a raíz de una denuncia sobre presuntas gestiones para reincorporar a un funcionario municipal, vuelve a poner el asunto en discusión. Las versiones deben contrastarse y los mensajes, verificarse antes de emitir conclusiones. No corresponde convertir una denuncia en sentencia. Pero sí preguntarse por qué la administración pública sigue siendo escenario de reclamos y presiones alrededor de los cargos.
No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una alcaldía. En 2017, el entonces presidente Evo Morales denunció cobros por ítems y renovaciones de contratos en el sector público. En Quillacollo, audios difundidos en 2019 desataron una investigación por presuntas negociaciones de puestos municipales. En Cochabamba, nombramientos de autoridades que supuestamente no cumplían requisitos originaron un proceso contra el entonces alcalde José María Leyes. Y el caso de los ítems fantasma en Santa Cruz expuso una modalidad todavía más escandalosa: plazas y salarios que, según la investigación, habrían servido para desviar recursos.
Los casos no son idénticos y sus resultados tampoco. Algunos hechos fueron denunciados, otros investigados y no todas las acusaciones terminaron probadas. La lección es que la opacidad en la contratación abre la puerta a la arbitrariedad. Cuando un cargo se entrega como favor, se exige como cuota o se disputa como botín, el mérito queda relegado y la institución pierde autonomía.
El problema no se limita a quién logra entrar o volver a una oficina. Importa también a quién responde. Un servidor público que siente que su permanencia depende de un padrino político puede terminar obedeciendo a esa red antes que a la ley, los procedimientos o los ciudadanos. Así se debilitan los controles, se desalienta a profesionales competentes y se transforma la administración en un campo de lealtades personales.
La función pública no puede ser un sistema de premios y castigos para aliados, adversarios o funcionarios incómodos. Los nombramientos deben sujetarse a normas y perfiles; las denuncias, investigarse con independencia; y las autoridades, explicar sus decisiones. La transparencia no consiste en publicar capturas aisladas ni en esconderse detrás de comunicados: exige mostrar documentación íntegra, respetar la privacidad y permitir que los hechos sean contrastados.
En el caso potosino, las aclaraciones y la documentación que las partes dicen tener deben examinarse con seriedad. Si hubo presión indebida, corresponde establecer quién la ejerció y con qué propósito. Si los mensajes fueron editados o sacados de contexto, también debe demostrarse. Lo que no puede aceptarse es que el debate se reduzca a una pugna personal mientras permanece intacta la práctica de tratar los cargos como patrimonio de alguien.
Bolivia necesita instituciones que funcionen aunque cambien las autoridades; funcionarios seleccionados por capacidad y no por cercanía; y una ciudadanía que no pague, con servicios deficientes, el costo de las disputas internas del poder. El Estado no es una agencia de empleos. Ningún cargo público debería tener dueño, padrino ni precio.
