La propuesta de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones abrió una discusión que no puede reducirse a porcentajes. La pregunta es cuánto retorna a los territorios que producen riqueza y soportan sus consecuencias.
Cuatro gobernadores —los de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro— rechazaron la oferta por insuficiente. La Paz y Beni la respaldaron como primer paso. No existe posición común sobre el modelo 50/50 y faltan pronunciamientos. El 1% no es un acuerdo definitivo.
El Gobierno sostiene que la propuesta permitirá iniciar una redistribución desde 2027. Las gobernaciones reclaman más y algunas plantean comenzar con el 5%, para avanzar hasta el 15%. Distribuido entre nueve departamentos, puede resultar modesto mientras crecen las competencias y obligaciones.
La discusión debe mirar la realidad territorial. Potosí es el principal Departamento productor y exportador de minerales. Su actividad genera valor, divisas y tributos que contribuyen a los ingresos del Tesoro General del Estado. Sin embargo, esa riqueza también debe medirse por cuánto retorna para caminos, salud, educación, servicios básicos, protección ambiental y diversificación productiva. Para nadie es un secreto que la legislación minera se hizo a la medida de los operadores.
El valor bruto de las exportaciones no ingresa íntegramente al Tesoro: intervienen costos, actores productivos, impuestos, regalías y distintas formas de distribución. Por eso, el país necesita información pública sobre cuánto aporta cada Departamento, qué recauda el nivel central y qué transferencias recibe cada territorio. Sin transparencia, el 50/50 será una negociación sin base compartida.
Potosí tiene razones para exigir que su contribución sea considerada. La minería sostiene la economía, pero ser productor no se tradujo automáticamente en bienestar. La riqueza convive con necesidades e impactos ambientales. Una reforma fiscal debe reconocer ese desequilibrio y convertir la producción en desarrollo, no limitarse a repartir una cifra.
También es necesario que Chuquisaca fije una posición. Hasta el momento, según la información publicada, su Gobernación no se ha pronunciado sobre la oferta. Su silencio impide conocer prioridades. La autonomía exige propuestas y rendición de cuentas.
El centralismo no se corrige transfiriendo recursos sin definir responsabilidades, pero tampoco se supera reteniendo en el nivel nacional la mayor parte de los ingresos mientras los Departamentos reclaman competencias y financiamiento. Si el Gobierno propone avanzar hacia el 50/50, debe explicar qué recursos se compartirán, bajo qué fórmula, en qué plazos y con qué obligaciones. Las gobernaciones deben priorizar inversiones y evitar diluir fondos en gasto corriente.
La distribución debe combinar población, necesidades, capacidad fiscal y aporte económico, con reglas verificables. Ningún Separtamento debería quedar condenado por producir menos, ni uno productor ser ignorado por generar riqueza. La solidaridad regional es legítima; la opacidad y la arbitrariedad, no.
El 1% puede ser un comienzo solo si existe una ruta pública para incrementarlo, evaluación periódica y garantías de que no será una promesa indefinida. De lo contrario, será un gesto que no modifica la estructura estatal. Bolivia necesita un pacto fiscal con ingresos, competencias y resultados.
La riqueza debe servir al país y reconocer a sus territorios. Potosí tiene derecho a reclamar que su aporte se traduzca en desarrollo; Chuquisaca debe expresar qué espera de la reforma; y el Gobierno debe presentar una propuesta transparente, sostenible y equitativa. El 50/50 no será realidad por anunciarlo: deberá construirse con cifras, responsabilidades y voluntad de cambiar el centralismo.
