En Bolivia, una imagen se ha convertido en el símbolo de una crisis: la fila de vehículos esperando combustible. Kilómetros de motorizados, conductores que pasan la noche en sus vehículos y jornadas de trabajo perdidas mientras esperan una cisterna. Lo preocupante es que, después de tantos meses, la fila no termina.
En Potosí, la situación ha vuelto a adquirir características de conflicto abierto. Los transportistas denuncian que permanecen más de dos días esperando gasolina o diésel y que, aun después de semejante espera, el combustible no llega. El malestar ya se tradujo en bloqueos, incluso en la carretera Potosí-Sucre, donde los conductores exigen abastecimiento.
No se trata solamente de discutir el nuevo precio del diésel. Hay una pregunta anterior que sigue sin respuesta: ¿de qué sirve pagar más por un combustible que continúa sin llegar oportunamente a los surtidores?
La situación no es exclusiva de Potosí. En Sucre también se han registrado problemas de abastecimiento, filas y movilizaciones. El problema tiene varias capas: precio, disponibilidad y capacidad logística para llevar el combustible hasta donde se necesita. Si una de esas piezas falla, toda la economía paga las consecuencias.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido en junio sobre la reducción de cupos y los tiempos de espera. Su verificación encontró reducciones de entre 20 y 50 por ciento en algunos cupos de diésel y esperas de hasta 24 horas en Potosí. Ahora, las denuncias de los transportistas vuelven a colocar sobre la mesa la cuestión de los cupos.
YPFB, por su parte, ha reportado irregularidades como doble carguío, vehículos con placas presuntamente clonadas y personas que comercializaban espacios en las filas. Esas prácticas deben investigarse y sancionarse, porque perjudican a quienes esperan legítimamente por combustible. Pero también por eso resulta indispensable transparentar cuánto combustible se asigna, cuánto llega y cómo se distribuye.
Está, además, la explicación logística. En Potosí, YPFB ha señalado que para normalizar el abastecimiento se necesitan alrededor de diez cisternas diarias, mientras estarían llegando apenas cuatro o cinco. Si ese dato es correcto, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se completa el número de cisternas necesario para atender la demanda?
Mientras las autoridades explican las causas y los transportistas protestan, el costo lo absorbe la población. Lo paga el chofer que pierde días haciendo fila. Lo paga el pasajero cuando aumenta el pasaje. Lo paga el comerciante cuando sube el transporte. Lo paga quien necesita una ambulancia, un taxi, un camión o simplemente llegar a su trabajo.
Se extiende por toda la economía y se convierte en una crisis de movilidad, producción y abastecimiento.
Bolivia necesita saber qué está ocurriendo. No bastan anuncios de normalización ni explicaciones generales. Se requiere información verificable sobre los volúmenes importados, los cupos asignados a cada departamento, las cisternas programadas, las que efectivamente llegan y las razones por las que algunas estaciones reciben combustible y otras no.
Porque mientras esa información no sea transparente, cada fila alimentará una sospecha y cada bloqueo encontrará una justificación.
La subvención puede haber terminado, pero la crisis no termina cambiando el precio de la gasolina o del diésel. Si el combustible continúa sin llegar, la pregunta seguirá siendo la misma en Potosí, en Sucre y en cualquier lugar del país:
¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar Bolivia en esta fila?
