En economía, tan importante como saber qué hacer es saber cuándo hacerlo. Y, sobre todo, qué debe hacerse primero. El Gobierno de Rodrigo Paz parece haber cometido precisamente ese error: tomó dos decisiones que podían resultar necesarias, pero las aplicó en el orden equivocado.
Cuando se decidió dejar de lado el dólar fijo, señalamos que el problema no estaba necesariamente en la medida, sino en el momento y en las condiciones en que se la estaba aplicando. Una economía que llevaba años acumulando distorsiones no podía pasar de un tipo de cambio controlado a uno determinado por el mercado sin resolver previamente algunas de las causas que habían provocado esas distorsiones.
La primera de ellas era el precio de los combustibles. Mientras el Estado mantuviera una subvención que impedía que el precio interno reflejara su costo real, cualquier modificación cambiaria iba a trasladarse inevitablemente a los precios. El resultado era previsible: presión sobre el dólar, incremento de costos y una nueva pérdida del poder adquisitivo de los bolivianos.
Por eso insistimos entonces en que el orden debía ser otro. Primero había que sincerar el mercado de combustibles, eliminar gradualmente las distorsiones provocadas por la subvención y establecer condiciones para que la economía pudiera funcionar con precios más próximos a la realidad. Después, y sobre esa nueva base, correspondía avanzar hacia un régimen cambiario diferente.
No se trata de negar la necesidad de corregir el tipo de cambio. Se trata de entender que las medidas económicas no funcionan de manera aislada. Una decisión puede ser correcta en términos generales y, sin embargo, producir efectos contraproducentes si se la adopta antes de haber preparado las condiciones necesarias.
Eso es precisamente lo que ocurre cuando se intenta corregir una distorsión mientras permanecen intactas otras. El dólar deja de ser fijo, pero la economía sigue enfrentando un mercado de combustibles artificialmente sostenido. El precio de las divisas comienza a reflejar la escasez y las expectativas, mientras los costos internos continúan sometidos a una estructura de precios que tampoco responde completamente a la realidad.
El problema, entonces, no es solamente cuánto vale el dólar. Es cuánto cuesta producir, transportar y consumir en Bolivia. Y mientras esos costos sigan distorsionados, cualquier ajuste cambiario tendrá consecuencias difíciles de controlar.
El Gobierno tiene ahora la obligación de ordenar las piezas. No puede limitarse a tomar medidas aisladas y esperar que el mercado resuelva automáticamente las contradicciones acumuladas durante años. La política económica necesita una secuencia: primero corregir las causas, después permitir que los precios y el tipo de cambio reflejen esa nueva realidad.
La experiencia de estos meses debería servir para entender algo elemental: en economía, el orden de las decisiones también importa. No basta con hacer lo correcto; hay que hacerlo en el momento correcto y después de haber creado las condiciones para que funcione.
Bolivia necesita recuperar el equilibrio de sus cuentas, pero también necesita recuperar la confianza. Y la confianza no se construye con medidas improvisadas ni con anuncios sucesivos. Se construye demostrando que existe un plan, que las decisiones responden a una lógica y que cada paso prepara el siguiente.
El Gobierno todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para hacerlo debe entender que el problema no fue únicamente qué decidió cambiar, sino qué decidió cambiar primero.
