Después de 11 años de la represión violenta a la Octava Marcha por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), durante el gobierno de Evo Morales, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a dos años y ocho meses a tres generales de la Policía y otros dos fueron absueltos.
La responsabilidad recayó solamente en los efectivos policiales, pero no en las autoridades del poder Ejecutivo, La activista Olga Flores calificó como una vergüenza e injusta la condena a los tres generales, cuando todos los efectivos sostuvieron que no se rompió la cadena de mando como en ese tiempo alegó el gobierno.
El veredicto fue de dos años y ochos meses de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad, por la intervención violenta de la Policía a la marcha indígena cuando esta se encontraba en el sector de Chaparina.
Los generales Oscar Muñoz Colodro, Carlos Flores y Luis Zapata fueron condenados a dos años y ocho meses de privación de libertad; mientrad que Henrry Terrazas y Edwin Durán fueron absueltos.
Flores protestó porque el Ministerio Público no veló por garantizar los derechos de los indígenas, sino por “salvar” de culpa al expresidente Evo Morales y al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, insistió que el 25 de septiembre de 2011 “no se rompió la cadena de mando”, “aquí las órdenes las dio el mandatario que se ejecutaron a través del ministro”, denunció.
También cuestionó que se haya librado de culpa y responsabilidad al Comando Policial de ese tiempo, por ejemplo, del entonces comandante policial coronel Jorge Santiesteban Claure y Palacios.
En esa línea crítica a la Fiscalía, Flores repudió que “hizo desaparecer a 86 testigos” y no se esforzó por probar la responsabilidad de los verdaderos responsables del “tentativa de genocidio”, no se condenó por la tortura a los indígenas que fueron privados desde acceso al agua, separaron a los niños de sus padres, los golpearon cruelmente, los trasladaron contra su voluntad.
“La acusación el fiscal ha lavado el proceso, no ha presentado los testigos, ni el informe clave de la Defensoría del Pueblo”, reprochó Flores quien de querellante fue pasada a la condición de víctima.
Los indígenas marcharon en contra de la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS, en el sector de Chaparina, un contingente de 450 policías llegó al lugar intervino la movilización con gases lacrimógenos sin considerar la condición de los indígenas, que muchas eran madres, había niños y niñas.
A los hombres los redujeron a palos, los golpearon brutalmente. Se registró al menos 100 heridos y por lo menos 200 fueron detenidos y obligados a subir a vehículos y buses para ser traslado a sus lugares de origen, ante la ola de críticas los liberaron muchas horas después.
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