Tres aeronaves de Boliviana de Aviación (BoA), que operan en el país, tienen más de 27 años de funcionamiento, cuando el límite es de 25 años, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas; el tema surge luego de la última entrega de una aeronave en Cochabamba.
“La flota de aviones que tiene BoA tiene un promedio de 23,5 años, estamos bordeando los supuestos 25 años que incluso ya es un debate a nivel internacional sobre el tiempo que puede operar una aeronave”, declaró Pedrazas, al protestar porque el país se está convirtiendo en "un cementerio de aeronaves".
Sin embargo, dijo que lo “más grave” es que “De la flota de tres aeronaves que superan los 27,5 años, a nombre de la Boliviana de Aviación debería hacerse un reclamo en lugar de justificar que se puede volar 25 años cuando se tiene aeronaves que han sobrepasado los 27 años”, denunció el legislador, la mañana de este lunes.
El 7 de julio, BoA incorporó a su flota de aeronaves un Boeing 737-800 NG con el fin de fortalecer sus operaciones aéreas en vuelos tanto nacionales como internacionales a Buenos Aires, Sao Paulo y Lima.
El presidente Luis Arce destacó el crecimiento de BoA entre noviembre de 2020 a la fecha, que alcanzó un 23%. Además, resaltó la participación fundamental de la estatal aérea en el transporte de las vacunas contra el Covid-19.
Según, el diputado esta aeronave que se entregó en Cochabamba tiene 23,5 años prestando su servicio, “estamos bordeando los 25 años”. “Sabemos que esta aerolínea ha optado por tener vínculos con el Estado, (es) una suerte de monopolio”, agregó.
En junio de este año, BoA realizó de enero a mayo un total de 11.470 vuelos, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) acumuló 1.209 quejas de usuarios. En ese entonces, la aerolínea estatal prometió mejoras en servicios y naves.
Añadió que en contra del gerente general de BoA, Ronald Casso, existe un dictamen de la Contraloría General del Estado, el dato fue puesto a conocimiento en la petición de informe que respondió el Ministerio de Obras Públicas, resolución en la que se determinó la responsabilidad civil por supuesto daño económico a la Fuerza Área Boliviana, pero no se ejecutó.
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