Dos funcionarios y tres exfuncionarios de la Alcaldía de Potosí que tenían a su cargo los almacenes de la Farmacia Municipal Institucional fueron denunciados por incumplir sus funciones de velar por la regular compra con sustento legal y evitar que los medicamentos se puedan vencer.
Las irregularidades en el manejo de los medicamentos se habrían producido en las gestiones 2020 a 2025 pues los denunciados habrían cometido una serie de errores y omisiones en lo que respecta a dobles compras de medicamentos, inadecuado manejo de sobrantes, irregularidades en la administración de medicinas con fecha de vencimiento vencidas y otras, habiéndose advertido hasta la fecha un daño de 700 mil Bolivianos, que irá subiendo porque se encontró gran cantidad de medicinas durante dos allanamientos.
La denuncia fue planteada por el equipo jurídico de Williams Cervantes contra los funcionarios identificados y por identificar por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y/o delitos contra la función pública que correspondan.
El Ministerio Público aceptó la denuncia y comenzó el proceso de investigación habiendo efectuado allanamientos a la farmacia municipal y otro centro público con la finalidad de verificar stocks de medicamentos, faltantes, productos vencidos y otros.
La denuncia se funda en el informe DLCCPC/INF.F/030/2026 de la Jefatura del Departamento de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP), relacionado con el Informe Final de Intervención y Control por supuestas irregularidades de medicamentos vencidos, ajustes positivos y negativos sin justificación en la Farmacia Institucional Municipal.
El documento revela una cadena de posibles fallas administrativas vinculadas a programación, adquisición, recepción, almacenamiento, custodia, distribución, registro SALMI, kardex, control de vencimientos, baja formal, conciliación documental y supervisión de medicamentos e insumos de la farmacia municipal.
DAÑOS
En la demanda planteada por el GAMP se indica que la existencia de productos vencidos y la adquisición de medicamentos sin el correspondiente respaldo técnico ni legal y un medicamento comprado en exceso pueden producir daño económico. Si se distribuye vencido, genera riesgo sanitario; si se ajusta en sistema sin respaldo, genera riesgo administrativo o penal; y, si no existe acta, se afecta la capacidad probatoria de la institución.
