El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó este sábado los bienes de Misael Nallar que fueron valuados en 33 millones de bolivianos, equivalente a cinco millones de dólares, motivo por el que la autoridad instruyó la apertura de un proceso por delito de narcotráfico.
Los bienes secuestrados son cuatro departamentos y un galpón de la ciudad de Santa Cruz, una hacienda en Guarayos, un taller mecánico, cuatro vagonetas de alta gama, 22 teryxs, cuatro motocicletas, tres cuadratrack, 600 cabezas de ganado y 25 cabezas de caballos.
La autoridad dijo que encontraron una infinidad de documentación que dan pistas sobre los testaferros de Nallar, así como también facturas de servicios, transferencias bancarias por más de 100.000 dólares y otros datos que están investigación.
Explicó que inicialmente se abrió proceso por legitimación de ganancias ilícitas, debido a la gran cantidad de bienes que tenía Nallar, principal acusado de la muerte de dos policías y un voluntario de la Policía Civil, ocurrido el pasado 21 de junio en la población de Porongo.
“Públicamente se instruye al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico iniciar una nueva investigación en contra de Misael Nallar y sus cómplices por los delitos de narcotráfico en atención a que el delito de legitimación de ganancias ilícitas, básicamente emerge de otros delitos que son precedentes a ellos”, manifestó en el acto público.
Indicó que por la situación que se esta investigación, Nallar “no tendría nexos con distintas instituciones gubernamentales, departamentales o municipales, por lo tanto, el delito por el cual debería ser investigado todo el patrimonio debería ser narcotráfico”, comentó.
Del Castillo sostuvo que quieren transparentar este caso con el único objetivo de demostrar que su gestión es responsable y transparente en el manejo de la investigación.
Aseguró que lo que están buscando “es la verdad de los hechos, de dar con cada una de todas las personas implicadas que enlutaron a la familia Verde Olivo y al pueblo boliviano.
Advirtió que cualquier persona implicada en actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico y otros delitos, va a tener que pagar su pena en una cárcel en nuestro país, además que se afectará a su patrimonio.
Dijo que el proceso de reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no solo es algo institucional, sino la demostración que el trabajo es transparente.
En el caso de Nallar, anunció que el gobierno exigirá la imposición de la máxima pena de 30 años sin derecho a indulto por la muerte de dos policías y un voluntario de la policía civil.
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