El MAS anunció ayer domingo un proceso contra el juez 6º de Familia de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación indefinida de Evo Morales, a solicitud de miembros de plataformas ciudadanas. El jefe de bancada de MAS en La Paz, Sergio Choque, dijo que la Sentencia 084/2017 “es cosa juzgada y no se puede volver a tocar”.

“Cuando sale una Sentencia Constitucional es cosa juzgada, no se puede volver a tocar y es inapelable. Entonces, por esa situación tendremos que iniciar un proceso administrativo al juez que admitió (la Acción de Cumplimiento Constitucional) porque tal vez el señor no conoce la norma del país, habría que ilustrarle un poco”, afirmó.

En los últimos días se conoció que el juez Zeballos, admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación de Morales, a solicitud de  María del Carmen Morales de Prado y otras personas defensoras del 21F.

Ahora, en audiencia pública deberá asumir una decisión. La Acción de Cumplimiento es contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

"Es lamentable que las autoridades de turno se valgan del poder total que tienen para comenzar a perseguir a un juez que lo único que hizo fue actuar en base a las leyes admitiendo esta acción, esto es una muestra más de que irán con todo su poder para amedrentar a la justicia", dijo Morales de Prado

Resaltó que durante toda la gestión del presidente Morales siempre se ejerció este tipo de amenazas porque las autoridades del oficialismo buscan acomodar la justicia de acuerdo a sus requerimientos y para ello acuden al amedrentamiento, a las ilegalidades e incluso hacen "acusaciones inventadas".

"Me parece absurdo que un legislador esté emitiendo opiniones para hacer un proceso al juez que admitió la acción planteada. El legislador debe leer la CPE y saber que cualquier boliviano tiene la obligación de exigirle a las autoridades de turno el cumplimiento de la Constitución y las leyes", añadió.

Según Dora Montenegro, una de las abogadas que impulsa la Acción, afirmó que se pretende que las autoridades cumplan el artículo 7 de la Constitución, el cual dispone que la “soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”, pero además “es inalienable e imprescriptible”.

El diputado oficialista lamentó que un administrador de justicia actúe en ese sentido. “No puede ser posible que un juez no conozca la estructura de la justicia y la sentencia de un Tribunal”, afirmó Choque.