Tres de las principales entidades empresariales del país emitieron, por separado, sendos comunicados a la opinión pública en los que alertan sobre el caso Soboce, cuya irresolución devela la inseguridad jurídica del Estado y da una mala señal para los emprendimientos e inversiones a futuro.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) recuerdan, en su pronunciamiento, que el Estado boliviano aún no cumplió con el pago de la indemnización de más de $us 300 millones a la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), debido a que fue expropiada de su participación accionaria en Fancesa mediante el Decreto Supremo 616 de 2010.
La Cainco recordó que la obligación de pago establecida en el referido decreto continúa pendiente de cumplimiento pese al tiempo transcurrido, y sostuvo que “situaciones de esta naturaleza trascienden el interés de las partes y adquieren relevancia para toda la economía”, por lo que hace un “respetuoso llamado a las autoridades competentes” para que impulsen las acciones necesarias para resolver de manera definitiva el caso.
