El médico Róger Moreno Buchon fue enviado a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra tras la imputación por el delito de lesiones gravísmas a Sebastián Justiniano, un niño de tres años al que le extirpó un riñón bueno y no el que estaba comprometido por el cáncer.

La juez Gloria Rojas instaló la audiencia de medidas cautelares en la habitación del Hospital Obrero en la que el galeno se encuentra internado desde el lunes 10 de septiembre debido a un problema de salud que, no impidió la realización de la actuación judicial.

La Fiscalía lo imputó por el delito de lesiones gravísimas y pidió que sea enviado a la cárcel por riesgos de fuga y obstaculización de la investigación, ya que el acusado no registró un domicilio y tiene antecedentes de dos procesos penales por homicidio culposo.

El Código Penal establece una sanción de hasta 12 años de cárcel para este delito. El artículo 270 dice: "se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple; Daño psicológico o psiquiátrico permanente; Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función; Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa (90) días; Marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo; y Peligro inminente de perder la vida".

Además, añade que cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Familiares y amigos del galeno llegaron hasta las inmediaciones del Hospital Obrero para dar apoyo al médico pediatra, quien, según el padre de la víctima, reconoció su error en un primer momento. Se acogió a su derecho al silencio cuando debía declarar ante la Fiscalía.

La situación del galeno se complica ya que un informe parcial de la auditoría médica estableció que incumplió protocolos antes y durante la intervención quirúrgica; por ejemplo, no usó la imagen de tomografía como referencia.