La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre el caso de la “gasolina basura” y dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Órgano Ejecutivo, para que investiguen y determinen responsabilidades por la internación y comercialización de combustible desestabilizado en el país.
“Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Especial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo para los fines que, conforme a la normativa legal, correspondan”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, tras la votación. El documento también establece que el Ministerio Público deberá informar trimestralmente sobre el avance de la investigación.
La comisión, integrada por 11 legisladores, concluyó que el ingreso, la internación y la posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano “no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”. El informe identifica además una “ausencia total de control de calidad” y una fluctuación en los montos del concepto “premio” dentro de los contratos de compra de combustibles suscritos entre YPFB y empresas transnacionales.
Las observaciones alcanzan a dos gestiones de Gobierno. De la administración de Luis Arce, el documento menciona al expresidente, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al expresidente de YPFB Armin Dorgathen. De la gestión de Rodrigo Paz, señala al exministro Mauricio Medinaceli –actualmente imputado por la Fiscalía, con detención domiciliaria dispuesta por un juez cautelar–, al expresidente de YPFB Yussef Akly y a la exdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala. También se menciona a Germán Jiménez y Joel Callaú Justiniano, quienes dirigieron la ANH durante la anterior administración.
