El Ministerio de Justicia, como parte querellante en el caso "mochilas chinas", apelará la decisión del juez cautelar, Fernando Pérez, quien dictó la noche del 21 de abril detención domiciliaria para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó ayer el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.

"Hay un actuar incoherente del juez, cuando hay riesgo de fuga debería proceder la detención preventiva, vamos a apelar como Ministerio de Justicia", dijo el funcionario.

Leyes está acusado por la presunta compra de mochilas y material escolar con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, y pesan en su contra los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El juez, en la audiencia de medidas cautelares, determinó, además de la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 Bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo.

Según Jiménez, en la audiencia de medidas cautelares se demostró "con contundencia" todas las pruebas que desde un inicio se presentaron en el caso de las mochilas, por lo que el Ministerio Público pidió la detención preventiva, además por la existencia de riesgo de fuga.

El funcionario de Estado explicó que Leyes, al señalar que disolvió el contrato de adquisición de los materiales escolares y no llegó a pagar, lo que intenta es "evadir" su responsabilidad, porque también existen irregularidades en la disolución de dicho contrato.

"En este caso se entregó y se repartió a los niños, los delitos son de carácter formal. Este hecho irregular de disolver el contrato demuestra obstaculización del alcalde con objetivo de evadir su responsabilidad", mencionó Jiménez.