Tras la reciente difusión de restricciones de visa por parte de Estados Unidos, analistas y exdiplomáticos advierten que se emitirán nuevos listados contra involucrados en corrupción y narcotráfico. En respuesta, el Ejecutivo sostiene que mantiene indagaciones internas y que existen “muchas coincidencias” con las acusaciones de Washington.

Advertencia de nuevos vetos 

El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, advirtió en la red Unitel que Estados Unidos continuará publicando listas con vetos de visas a ciudadanos bolivianos vinculados con la corrupción y el narcotráfico.

Según el exdiplomático, este tipo de medidas forman parte de la estrategia norteamericana frente al crimen organizado y responden a un llamado de atención tras la reciente descertificación en la lucha contra las drogas emitida bajo la administración de Donald Trump.

Aparicio enfatizó que el último listado afectó a “las más altas autoridades del poder judicial”, lo que refleja la presencia de estructuras mafiosas en las instituciones del Estado. En esa línea, remarcó la necesidad de iniciar una “purga para limpiar el Estado” e impulsar acciones concretas, cuestionando que, a casi un año de la gestión del presidente Rodrigo Paz, aún permanezcan en funciones fiscales y autoridades vinculadas a gestiones pasadas.

A la par de estas advertencias, el vicepresidente Edmand Lara denunció que la nómina publicada por el Departamento de Estado estaría incompleta, señalando que de una supuesta lista de 22 ciudadanos solo se hicieron públicos 15 nombres, por lo que solicitó que no se “camufle” a nadie.

La postura oficial

Frente a la difusión de las sanciones internacionales, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseguró que el Gobierno ya venía realizando pesquisas internas a funcionarios actuales y pasados.

Gálvez sostuvo que existen “muchas coincidencias” entre las investigaciones locales y los señalamientos de Washington. Explicó que el Ejecutivo decidió apartar preventivamente de sus puestos a cualquier funcionario sobre el cual se hallaran indicios suficientes de irregularidades.

El vocero remarcó que la política del Gobierno es de “cero tolerancia” frente a cualquier vínculo con el crimen organizado, concluyendo que “no hay color político, no hay uniforme, no hay cargo” que otorgue privilegios o impunidad dentro de este proceso de saneamiento institucional.

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