Un escándalo de corrupción judicial en Perú se recrudeció ayer con nuevas revelaciones que le costaron el cargo al ministro de Justicia, el mismo día en que el presidente Martín Vizcarra instauró una comisión para reformar integralmente el sistema judicial, al que tildó de estar en descomposición.

El ministro Salvador Heresi, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue la primera víctima política de este caso, que ha revelado un presunto tráfico de influencias y prevaricación instalados en las más altas instancias de la judicatura.

El detonante que obligó a dimitir a Heresi fue una nueva entrega de la serie de grabaciones telefónicas que paulatinamente van publicando IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama, capítulos que desvelan cada vez una madeja más compleja de contactos y prácticas corruptas.

En ese último episodio, a Heresi se le escucha pactar en abril una reunión con el juez supremo César Hinostroza, ya famoso a nivel nacional en este escándalo por ofrecer en otra conversación por teléfono la absolución para un violador de una niña de 11 años. En ese diálogo, Heresi e Hinostroza lamentan no haber podido concretar dos encuentros que habían coordinado previamente y tratan de fijar una nueva fecha para que el magistrado asesore al ahora exministro sobre una propuesta legislativa que se trabaja en el Congreso.

El motivo por el que busca el consejo de Hinostroza es por una sentencia singular dictada por este, aunque en el diálogo no se especifica cuál.

Hinostroza, que hasta el jueves 12 ejercía de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, es autor de polémicas sentencias, como una que cambió la concepción de lavado activos.

Ese fallo sentó jurisprudencia y permitió a otra jueza archivar una investigación contra el empresario Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, por un presunto blanqueo de dinero para las campañas electorales de la candidata presidencial de esa formación, Keiko Fujimori.