El Ejecutivo español propuso ayer el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma.

Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña, como la hacienda y el orden público, en virtud del artículo 155 de la Constitución, inédito hasta ahora en España.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.

Puigdemont o el representante que él designe podrá presentar alegaciones entre el martes 24 y el jueves 26 en el Senado, antes de que el pleno de la cámara debata y apruebe las medidas, previsiblemente el viernes 27 de octubre, ya que el gobernante Partido Popular (PP) dispone de mayoría absoluta. España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes catalanes para lograr la independencia de Cataluña, entre ellos la celebración el 1 de octubre de un referéndum ilegal de autodeterminación.