La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, eligió ayer un tono combativo en su alegato final en el juicio político que el Senado sigue en su contra y admitió que siente el "sabor amargo de la injusticia" mientras el país está "a un paso de un golpe de Estado".
Arropada por buena parte de su gabinete; por su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por amigos, como el cantante Chico Buarque, la presidenta desgranó, durante un discurso de unos 45 minutos, los argumentos de su defensa en intervención ante el pleno del Senado. Rousseff dijo que siente "el gusto amargo y áspero de la injusticia". Advirtió a los senadores que no caería en "el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar contra el Estado de Derecho".
Con una firmeza que se quebró por la emoción contenida apenas unos segundos casi al final de su intervención, Rousseff insistió en su inocencia y aseguró que, en el ejercicio de su mandato, cumplió con rigor con el "compromiso de defender la Constitución" y las leyes.
"No lucho por mi mandato, vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia", afirmó.
"Solo temo por la muerte de la democracia", llegó a decir en un momento de una intervención en la que insistió en que ha sido "acusada injusta y arbitrariamente" para darle viabilidad a "un golpe" promovido por la elite política y económica.
Este juicio, agregó, es resultado de una "conspiración" que empezó a cuajarse en octubre de 2014, cuando fue reelegida para un segundo mandato.
Las acusaciones son, a su juicio, "pretextos" para imponer políticas que "atentarán contra los derechos sociales" que los brasileños "conquistaron" desde 2003. "Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad", dijo Rousseff.