En medio de la prisa por liquidar el proceso de compra, un total de cuatro cheques fueron emitidos el 31 de diciembre de 2021 por la Gobernación de Potosí para el pago de las 41 ambulancias que iba a comprar de la empresa Stefals Logistics. Anoche, en contacto telefónico con este diario, el jefe administrativo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Ramiro Choque, dijo que esos cheques nunca fueron retirados de esa institución, así que no pudieron cobrarse.

El viernes 14 de enero, una publicación del diario El Deber alertó que la “Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias a la oferta más cara de una empresa formada tres meses antes y con NIT prestado” desatando la crisis institucional más grave en el gobierno departamental de Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez. A raíz de ello, se formó una comisión en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí que determinó que el proceso de compra llegó a la fase de emisión de cheques.

La existencia de los cheques confirma las denuncias que hizo la oposición en el sentido de que el proceso de compra de las 41 ambulancias se había completado incluso con la emisión del cheque. La diputada Mónica Torres advirtió que había un registro de ejecución de gastos, que se subió al Sistema de Gestión Pública (Sigep) y eso solo pudo hacerse habiendo pagado por la compra. Cuando se le preguntó si se había emitido cheque, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, dijo varias veces que no.

La comisión, integrada por ocho asambleístas, seis de ellos del MAS, descubrió que no solo hubo uno sino cuatro cheques que; sin embargo, habían sido anulados. No pudieron determinar la fecha de anulación de los documentos, pero el dato más importante lo dio Choque: los documentos, en original, siguen en su oficina. Eso significa que los 20.500.000 Bolivianos no fueron cobrados. Más aún, Choque dijo que la firma que figura en sus cheques es la suya.

“NO HAY DAÑO ECONÓMICO”

Las fracciones del MAS que apoyan al gobernador hacen esfuerzos desesperados por minimizar su responsabilidad en el caso de las 41 ambulancias. El argumento que se está repitiendo, desde que se conoció el informe de la comisión, es que, pese a que el proceso de compra de las ambulancias se completó, pues hasta se emitió los cheques para el pago, "no existe daño económico" en este caso debido a que los cheques fueron anulados.

"No hay daño económico", dijo el presidente de la ALD, Marcial Ayali, en la sesión en la que se aprobó el informe e incluso intentó, sin éxito, que esa afirmación sea introducida en el documento. Por la tarde, la afirmación apareció en la cuenta oficial de Facebook de la asamblea con este texto:

"El presidente de la Comisión Especial de fiscalización #GroverYelma, con documentos en mano, explica que no existió daño económico alguno; sin embargo aclara también que se debe investigar el grado de responsabilidad de quienes se ven involucrados en este hecho".

LA OPOSICIÓN INSISTE

Aunque los cheques no fueron retirados, y ahora están anulados, la oposición considera que sí existen un daño a la gobernación porque, a decir del asambleísta Jaime Flores, “por este proceso irregular son más de cuatro meses que no se puede contar con esas ambulancias para la atención de la pandemia”.

Por su parte, la asambleísta Azucena Fuertes recuerda que, aunque este proceso hay sido delegado en parte al Sedes, quien firma el contrato es el gobernador, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), así que la responsabilidad por todas las irregularidades recae en él. “El responsable, y lo dice la norma, es exclusivamente la MAE. Esta responsabilidad, esta competencia, no se delega. En ese marco, las irregularidades han sido documentadas a través de documentos que son declaraciones jurada existentes en el Sicoes y en el Sigep. Hablamos de un acta de recepción firmada, un formulario 500, un contrato firmado por el gobernador, un procedimiento administrativo de autorización de pago y una emisión de cheques. Consideramos que estas son pruebas suficientes que el Ministerio Público debe investigar”, dijo.

Por su parte, la diputada Lissa Claros, que es una de las denunciantes contra el gobernador, dijo que ampliará su denuncia. “La única salida en este conflicto de corrupción es la renuncia del gobernador, como MAE, de la institución. Por parte de nuestra instancia, ampliaremos la denuncia a los asambleístas, por encubrir estos actos de corrupción. Ante la existencia de un cheque, se comprueba que el delito se ha consumado”, declaró.

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