La sombra de un nuevo juicio penal se cierne sobre el alcalde de Potosí, Jhonny Llally. El fiscal especializado en análisis y distribución de causas, Abner Flores, admitió ayer la denuncia de supuesta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes que fue presentada por el ex director de recursos humanos de la Alcaldía, Germán Jorge, en contra del burgomaestre potosino.
Jorge cumplió su anuncio y presentó sus denuncias al Ministerio Público. Según indagó este diario, la denuncia fue inicialmente devuelta por cuestiones de forma. Una vez subsanadas las observaciones, recién se emitió el decreto de admisión así que, a partir de ayer, se investiga si las denuncias del exfuncionario ameritarán una imputación por los delitos denunciados, se ampliará a otros o, finalmente, si la denuncia será rechazada.
En esta ocasión, Llally es denunciado por supuestamente permitir que su hijo, Jhonatan Llally Condori, y otro de sus familiares cercanos, Bluser Huata, hayan tenido acceso a los sistemas informáticos del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, con particular énfasis en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos. Según refirió Jorge a los medios, cuando presentó renuncia a su cargo, Llally Condori y Huata utilizaban ese acceso privilegiado —e ilegal, debido a que no son funcionarios municipales— para negociar contrataciones, supuestamente cobrando por eso.
Otro hecho que es expuesto como ilegal en el memorial de denuncia es que el alcalde Llally permite que los funcionarios municipales de alto rango, concretamente los siete secretarios municipales, no marquen su ingreso y salida de las dependencias de la Alcaldía, lo que imposibilita que se haga un seguimiento de su trabajo. Gracias a esa facilidad, estos servidores públicos muchas veces no acuden a sus lugares de funciones. Pese a que no existe constancia de que cumplen con sus ocho horas de trabajo, se les pega el sueldo íntegro, dice el documento.
Esas y otras supuestas irregularidades son enmarcadas por el denunciante en delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes que el artículo 153 del Código Penal sanciona con hasta dos años de cárcel. El otro delito invocado por Jorge en su memorial es incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 154 y con una sanción similar. Eso significa que en el hipotético caso de que se impute por estos delitos, no procede la detención preventiva.
El Ministerio Público lleva adelante 11 casos contra Llally, seis de los cuales son por supuestos delitos sexuales. Con este, ya se habría acumulado 12 casos.
