El alcalde constitucional de Potosí, Williams Roger Cervantes Beltrán, anunció que debido a la alta cantidad de basura que la gente deja en la calle, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, se decidió llevar a proceso penal a quienes dejen los desechos en vía pública.
En contacto con la prensa local, informó que ya no se aplicará sanciones administrativas a quienes dejen la basura en las calles, sino que se los detendrá y denunciará ante el Ministerio Público para su procesamiento por la comisión de delitos vinculados a atentado a la salud pública.
Detalló que el Entidad Municipal de Aseo Potosí (EMAP) cuenta con un servicio de recojo de la basura, que está definido por rutas, el mismo tiene horarios establecidos pese a lo cual algunos ciudadanos no acuden a dejar los residuos al basurero, sino que salen de sus casas una vez que el camión pasó y dejan la basura en las esquinas de las calles.
Destacó que, en defensa de la salud de la población en general, se tiene que implementar medidas urgentes y necesarias puesto que el personal de EMAP extrema recursos para atender con el recojo de la basura a las diferentes zonas de la ciudad de Potosí pero existen algunas personas que no contribuyen y forman micro basurales al dejar los desechos una vez que el carro recolector pasó por el lugar.
Remarcó que esa actitud viola los artículos 33 y 34 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establecen que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de ese derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
También se indica que cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.
La Alcaldía efectuará la denuncia por atentado a la salud pública establecido en el artículo 216 del Código Penal Boliviano en el que se detalla que incurrirá en privación de libertad de uno a 10 años quien realizare cualquier acto que de una u otra manera afecta la salud de la población o que cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad.
