Una de las frases que más repite el presidente Rodrigo Paz es que Bolivia no tiene dinero. Según sostiene, recibió el país con las arcas prácticamente vacías, una deuda abultada y una economía deteriorada que obliga a tomar decisiones difíciles. El mensaje tiene una consecuencia inevitable: los bolivianos deben prepararse para los sacrificios que demanda la recuperación económica. Sin embargo, mientras desde el Gobierno se insiste en la escasez de recursos, una empresa estatal acaba de comprometer casi medio millón de bolivianos en un contrato publicitario con una sola persona.
Se trata de la contratación de la modelo y presentadora Anabel Angus como embajadora de marca de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), por 485.775 bolivianos y con una vigencia de 12 meses, entre mayo de 2026 y mayo de 2027. El acuerdo contempla dos videos mensuales para redes sociales, dos historias interactivas y su participación como maestra de ceremonias en un evento institucional.
No se trata de cuestionar el trabajo de Angus ni su derecho a cobrar por sus servicios. La pregunta es otra: ¿qué justifica que una empresa pública comprometa semejante cantidad de dinero en una contratación individual cuando el propio presidente repite que no hay recursos para atender las necesidades del Estado?
La interrogante adquiere mayor relevancia por los antecedentes de Entel. En octubre pasado, la Contraloría General del Estado informó sobre presuntas irregularidades en la adquisición de 50.000 decodificadores, operación que habría ocasionado un daño económico superior a 52 millones de Bolivianos. Los equipos recibidos tenían características inferiores a las exigidas en el contrato y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. No existe aquí una sentencia que establezca responsabilidades, pero sí un antecedente que obliga a exigir transparencia en el manejo de los recursos de la telefónica estatal.
Ahora se suma el contrato con Angus, cuya pertinencia económica debe ser explicada por los ejecutivos que lo aprobaron. ¿Hubo un estudio de mercado? ¿Se compararon otras propuestas? ¿Qué resultados comerciales se esperan obtener? ¿Por qué se consideró que contratar a una figura pública por ese monto era la mejor alternativa para promocionar los servicios de Entel?
La publicidad es necesaria para cualquier empresa que compite en el mercado de las telecomunicaciones. Pero una cosa es invertir en promoción y otra comprometer recursos públicos sin demostrar suficientemente la relación entre el costo y el beneficio. La condición estatal de Entel no la exime de las obligaciones de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
El problema de fondo es la contradicción. Si el Gobierno considera que Bolivia atraviesa una situación tan grave que obliga a retirar subsidios, restringir gastos y pedir comprensión a la ciudadanía, esa misma austeridad debería orientar las decisiones de todas las instituciones y empresas estatales. No puede haber un discurso de sacrificio para la población y otro criterio para quienes administran el dinero público.
Rodrigo Paz tiene la obligación de explicar cómo piensa recuperar la economía, pero también de garantizar que las entidades estatales administren sus recursos con responsabilidad. Decir que no hay plata no puede convertirse en una justificación permanente para los problemas heredados mientras se autorizan gastos que requieren explicaciones.
La austeridad no consiste en repetir que las arcas están vacías ni en trasladar el costo de la crisis a los ciudadanos. Consiste en demostrar que cada peso administrado por el Estado se gasta con criterio, transparencia y beneficio público. Esa obligación comienza por casa y alcanza también a Entel.
