Ayer se realizó en Potosí el encuentro departamental para la Socialización de la Propuesta de Modificación a la Ley 243, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, con la participación de legisladoras de diferentes municipios, además de representantes de diferentes instituciones. Entre las modificaciones que se propone está efectivizar el freno a la violencia en entornos digitales.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho, señaló que este encuentro es un espacio de diálogo, análisis y construcción participativa que surgió tras varias reuniones de coordinación con organizaciones que coincidieron en la necesidad de la reforma.
"La experiencia acumulada durante más de una década ¿qué nos ha permitido identificar? Que es necesaria una modificación. Debemos reconocer que el reconocimiento formal de los derechos políticos no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo. Persisten prácticas de hostigamiento, intimidación, amenaza y distintas manifestaciones de violencia que afectan la participación, el desempeño y la permanencia de mujeres en espacios de representación y decisión política”, dijo.
A estas formas de violencia contra las mujeres, agregó que se suman nuevas prácticas violentas como la que se realiza en entornos digitales a través de redes sociales.
“Las nuevas tecnologías si bien permiten que la comunicación sea más fluida, también ha generado elevados índices de desinformación”, agregó. Y dijo que la violencia contra las mujeres va más allá de atacar el ámbito profesional, porque también atacan su vida personal, apariencia y otros.
“Empiezan a sacar ‘memes’, van contra sus familias, hemos visto casos en un municipio en particular de una mujer que durante la fase de candidatura a un municipio prácticamente la han aniquilado en redes sociales. La violencia digital es un tema que se tiene que colocar en agenda y que precisamente es parte de la modificación en la Ley 243 que se está incluyendo como una forma de violencia que tiene que ser sancionada”, complementó.
Agregó que no solo es la actualización de la norma sino que es una oportunidad para fortalecer las garantías de protección, precisar responsabilidades institucionales y mejorar los procedimientos de atención y respuesta frente al acoso y violencia política.
