La disputa entre Bolivia y Perú por el origen de determinadas danzas suele presentarse como una controversia folklórica pero detrás de las declaratorias patrimoniales peruanas y de la reivindicación de Puno como cuna de la Morenada hay un asunto mayor: el negocio del turismo cultural.
Las fiestas patronales dejaron de ser únicamente manifestaciones de fe. Hoy movilizan millones de dólares, generan empleos y atraen visitantes. El Carnaval de Oruro es el ejemplo más evidente. Según el Viceministerio de Turismo, en 2025 el gasto de sus espectadores alcanzó una estimación de 369,58 millones de bolivianos. Ese dinero beneficia a hoteles, restaurantes, transportistas, bordadores, músicos y comerciantes.
Puno identificó el potencial de ese modelo ya en la década del ’70 del siglo XX. La Festividad de la Virgen de la Candelaria se ha convertido en un producto turístico. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú estimó que en 2026 generó un impacto económico de 117,6 millones de soles y atrajo a 92.960 turistas. Atrae visitantes que consumen y permanecen varios días en la ciudad.
No hay nada reprochable en que Puno promueva sus tradiciones y aproveche económicamente sus celebraciones. El problema comienza cuando esa promoción se acompaña de una política patrimonial que reivindica como propias expresiones folklóricas cuya historia está profundamente vinculada con Bolivia.
En 2021, Perú declaró patrimonio cultural de la nación a la Morenada, el Rey Moreno, el Rey Caporal y la Diablada Puneña. En 2024 hizo lo mismo con la Llamerada Puneña. Esas decisiones construyen una identidad turística que presenta a Puno como escenario de danzas también esenciales para el patrimonio boliviano. La pretensión de atribuirles un origen puneño trasciende una discusión académica.
La controversia está relacionada con el valor de la economía naranja: transformar una expresión cultural en empleo, consumo y posicionamiento internacional. La disputa, por tanto, también se libra en el terreno de los ingresos.
Una festividad exitosa beneficia a hoteleros, restaurantes, transportistas, bordadores, músicos, artesanos y comerciantes. Además, posiciona la ciudad y atrae inversiones. Quien instala una narrativa sobre el origen de una expresión cultural puede obtener ventajas en la competencia por captar visitantes.
Puno comparte con Bolivia geografía, historia y expresiones culturales, y ha aprovechado esa proximidad para proyectar la Candelaria. No hay pruebas para afirmar que exista un plan oficial destinado a desplazar a Oruro, Potosí, La Paz o Sucre pero las festividades andinas compiten por visitantes, reconocimiento y recursos. En ese escenario, la atribución de origen no es un asunto inocuo.
Mientras tanto, ¿qué hace Bolivia? Son pocos los que reaccionan, protestan cuestionan declaratorias y recuerdan que las danzas son parte de su patrimonio. Pero defender la cultura exige más que leyes y declaraciones. Exige investigación, documentación, promoción internacional y una política económica que convierta el patrimonio en desarrollo.
Oruro tiene su Carnaval; La Paz, el Gran Poder; Potosí, Ch’utillos; Sucre, Guadalupe y Tarabuco, el Pujllay. Pueden generar circuitos turísticos y movilizar recursos, pero las tratamos como acontecimientos anuales, sin una estrategia que articule cultura, turismo e inversión.
La paradoja es que podemos ganar todas las discusiones históricas y perder el negocio. Mientras nosotros discutimos quién creó la danza, otros aprenden a convertirla en un producto turístico. Defender el patrimonio también significa proteger el valor económico que genera. Porque no basta con ser los dueños de la historia: hay que saber aprovecharla.
