El caso Beller-Cerimedo dejó de ser un episodio policial para convertirse en un asunto que compromete a la política, al Gobierno y a la capacidad del Estado para esclarecer hechos que no pueden quedar atrapados en una disputa.
A las denuncias de Nadia Beller sobre un supuesto intento de asesinato, violencia, negociados y una presunta influencia desmedida de Fernando Cerimedo se suman ahora elementos que exigen una investigación seria. En tres allanamientos realizados en inmuebles vinculados al consultor fueron hallados más de medio millón de bolivianos, además de dólares y euros, y una denominada “granja de bots”. Se encontraron otros objetos que deberán ser explicados. Estos hallazgos no prueban por sí mismos ningún delito, pero obligan a establecer su origen, finalidad y relación con el aprehendido.
Más delicado es lo que ocurre con las declaraciones de los protagonistas. Beller ha formulado acusaciones graves, pero algunas versiones requieren ser contrastadas. Cerimedo, por su parte, negó la influencia que se le atribuía, mientras que ahora se conoce, a partir de su declaración ante la Fiscalía, que participó en modificaciones al Decreto Supremo 5515 y que lo hizo con ayuda de Beller. Esto contradice, al menos en apariencia, la versión oficial de que el argentino era apenas un asesor externo sin capacidad de decisión.
No corresponde decidir quién dice la verdad mediante entrevistas o conferencias de prensa. Las versiones incompatibles deben ser sometidas a pruebas. Según el abogado de Beller, la pericia al teléfono de Cerimedo habría recuperado conversaciones en las que se hablaba de “eliminarla”. Si ese contenido existe y su autenticidad se confirma, será fundamental; si no corresponde a lo afirmado públicamente, también deberá saberse.
Lo mismo vale para la hipótesis de un autoatentado planteada por la defensa de Cerimedo. Es una acusación grave y no puede ser tratada como estrategia mediática. Debe ser investigada y demostrada o descartada con evidencias.
Hay, además, una dimensión política que no puede ignorarse. El Gobierno sostuvo que Cerimedo no tenía capacidad para tomar decisiones, pero el propio Cerimedo declaró que intervino en la elaboración y modificación de una norma que reorganiza el Órgano Ejecutivo. Esa diferencia no es un detalle. Si un asesor sin cargo formal podía intervenir en decisiones de esa naturaleza, corresponde explicar quién le otorgó esa posibilidad y hasta dónde llegó su influencia. Si no podía hacerlo, debe aclararse por qué afirma que participó.
A todo esto se agrega la denuncia de Evo Morales sobre una supuesta orden para acabar con su vida. Corresponde investigar si tiene relación con este caso o es una más de las victimizaciones del expresidente.
Bolivia necesita una investigación que no seleccione las pruebas según conveniencias políticas. Debe revisar teléfonos, comunicaciones, movimientos financieros, documentos, cámaras, pericias y declaraciones de todos los involucrados. Debe establecer qué ocurrió con el ataque a Beller, quién lo ordenó, quién lo ejecutó y por qué. También si existió una estructura de influencia, negocios o manipulación política alrededor de Cerimedo.
La justicia no puede convertirse en escenario de relatos. El Gobierno tampoco puede limitarse a negar lo que lo incomoda. En un caso que pone en cuestión la seguridad de una persona, la transparencia de la administración pública y la credibilidad institucional, la única respuesta aceptable es la verdad.
Y para llegar a ella no hacen falta más declaraciones espectaculares. Hacen falta pruebas.
