En los últimos años se ha detectado que muchas demandas jurídicas estaban mal presentadas y, a tiempo de ser admitidas por el Ministerio Público, no se tomaba en cuenta criterios básicos y, así, se iniciaba procesos con fallas sustanciales. Eso podría ser admisible, hasta cierto punto, en casos privados, pero se ha advertido, también, en las denunciadas planteadas por instituciones públicas.
La controversia por la elección de la Ñusta y Predilecta de la versión 2026 de la Festividad de Ch’utillos acaba de entrar en un terreno extraño: la Alcaldía de Potosí presentó una denuncia penal por la incorporación de una pasarela en traje de baño y la Fiscalía la admitió. La investigación deberá establecer responsabilidades, pero hay una pregunta: ¿a quién denunció exactamente la Alcaldía?
Según se informó en conferencia de prensa, la denuncia fue planteada por el Gobierno Autónomo Municipal contra quienes decidieron incorporar esa fase al certamen. El Ministerio Público investigará a miembros del Comité de Salvaguardia y eventualmente ampliará la investigación. La Alcaldía sostiene que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia identificó la posible comisión del delito de corrupción de menores.
Hasta ahí, corresponde que la justicia haga su trabajo. El problema aparece al observar quié es el Comité de Salvaguardia. No es una institución propiamente dicha, pues no tiene personería jurídica, sino una suma de instituciones en la que participan distintas entidades vinculadas con Ch’utillos. Y entre ellas está la propia Alcaldía de Potosí, cuya Máxima Autoridad Ejecutiva es el alcalde.
La situación adquiere un matiz casi kafkiano: la Alcaldía denuncia a una instancia de la que forma parte y, si el alcalde integra el Comité, termina denunciándose a sí mismo.
Esto no significa que la Alcaldía no pueda denunciar un hecho que considere delictivo. Puede y debe hacerlo. Tampoco significa que todos los integrantes del Comité sean responsables. La investigación debe establecer quién propuso, quién aprobó, quién organizó y quién permitió la actividad. Ahí entra en detalle clave: el Comité de Salvaguardia no se reúne desde hace más de un año porque su presidente, Santiago Cruz, que también preside la Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí (Affap), ha dejado de convocar a reuniones de esa instancia.
Pero el episodio revela una falla más profunda: la indefinición sobre quién manda y quién responde por Ch’utillos.
Desde que la festividad fue inscrita por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial, Potosí arrastra una disputa sobre las competencias de la Alcaldía, la Gobernación, el nivel central, la Affap y el Comité de Salvaguardia. La disputa gira en torno a Cruz, que ha concentrado las decisiones sobre la festividad desde su doble papel.
Mientras las instituciones discuten quién tiene la autoridad, ocurren cosas que contradicen el carácter cultural de la festividad. La propia convocatoria de la Affap para la elección de 2026 establecía que las participantes debían lucir la vestimenta original de la danza que representaban y ejecutar su coreografía sin estilizarla. También incluía entre los criterios la danza, la originalidad de la vestimenta y los conocimientos culturales sobre Ch’utillos. La pasarela en traje de baño, que supuestamente involucró a menodres de edad, no estaba en la convocatoria y esa es una base para la acusación penal.
Lo ocurrido deja una conclusión incómoda: antes de denunciar, las instituciones deberían aclarar quién tiene competencia, quién toma las decisiones y quién responde por ellas.
Ch’utillos no necesita más confusión institucional. Necesita responsabilidades definidas y autoridades capaces de asumirlas. Un patrimonio de la humanidad no puede administrarse sin saber quién responde cuando las cosas salen mal.
