Evo Morales quiere volver a la Presidencia y su estrategia parece bastante clara: reorganizar su movimiento, conseguir una nueva sigla y, si fuera necesario, promover un referendo que le permita sortear el impedimento constitucional que pesa sobre su candidatura.
El movimiento Evo Pueblo ya comenzó esa reorganización. Sus dirigentes anunciaron la recuperación de militancia, el fortalecimiento de su estructura y la búsqueda de una sigla para participar en futuras elecciones. No se trata, por tanto, de una simple declaración de intenciones. Hay un proyecto político de retorno.
En ese contexto debe entenderse la propuesta de consultar nuevamente a los bolivianos sobre la candidatura de Morales. El vicepresidente Edmand Lara sostiene que, si una mayoría respalda esa posibilidad, debe respetarse la voluntad popular. La frase parece democrática pero tiene un problema fundamental: en una democracia constitucional, ni siquiera la mayoría puede hacerlo todo.
La voluntad popular tiene límites establecidos por la propia Constitución. Si mañana una mayoría votara por eliminar la separación de poderes o por permitir que un presidente permanezca indefinidamente en el cargo, ¿deberíamos aceptarlo simplemente porque ganó un referendo? Evidentemente no. La democracia no consiste solamente en que decida la mayoría, sino también en que esa mayoría respete las reglas que protegen a todos.
Y en este caso las reglas son claras. El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en 2025 que nadie puede ejercer más de dos veces la Presidencia o la Vicepresidencia, de manera continua o discontinua. En consecuencia, un referendo no puede convertirse en una llave para abrir una puerta que la Constitución y la justicia constitucional mantienen cerrada.
Si se quiere modificar la Constitución, existe un procedimiento para hacerlo. Lo que no corresponde es presentar una consulta popular como mecanismo para eludir una prohibición constitucional.
Morales ya tuvo una oportunidad de consultar al país sobre su continuidad. En 2016, los bolivianos rechazaron mediante referendo la reforma que pretendía permitir una nueva candidatura presidencial. Ganó el No. Después, una interpretación constitucional permitió su candidatura en 2019, pese a aquel resultado. Esa experiencia debería bastar para comprender que Bolivia no necesita otra vez una institucionalidad diseñada alrededor de las aspiraciones de una sola persona.
El problema, además, no es solamente jurídico. Es político. Los ciclos terminan. Morales gobernó durante casi catorce años y tuvo la oportunidad de transformar el país. Tuvo aciertos y errores, dejó obras y también graves problemas. Pero ningún gobernante puede considerar que su presencia política es indispensable para siempre.
La democracia consiste precisamente en aceptar que nadie es imprescindible.
Tampoco puede ignorarse que Morales enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión. Sus seguidores denuncian persecución política y él rechaza las acusaciones. Corresponde que la justicia determine responsabilidades con pleno respeto al debido proceso. Pero tampoco puede pretenderse que una candidatura política se convierta en una vía para resolver asuntos que corresponden a los tribunales.
Morales tiene derecho a organizar un partido, hacer política y buscar respaldo ciudadano dentro de los límites de la ley. Lo que no tiene es un derecho adquirido a volver a la Presidencia.
Bolivia ya votó. La Constitución ya habló. Y el Tribunal Constitucional también.
Ahora corresponde algo mucho más sencillo: que todos respeten las reglas.
