El acuerdo alcanzado en Sucre entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores puede convertirse en uno de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años. La propuesta del 50/50 abre la posibilidad de modificar una estructura fiscal excesivamente centralista y de otorgar a los Departamentos mayores recursos y responsabilidades.
Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera del debate: ¿un reparto igualitario será necesariamente un reparto justo?
Bolivia no está formada por regiones iguales. Cada Departamento tiene una realidad económica, social, productiva y demográfica diferente, además de una historia distinta de contribución a la construcción del país. Por eso, la nueva distribución de recursos no debería limitarse a aplicar porcentajes idénticos, sino incorporar criterios de equidad y compensación histórica.
Mucho antes de que existiera Bolivia, la riqueza de las minas de Potosí ya alimentaba una economía que trascendía las fronteras de Charcas. Después de la independencia, la minería potosina continuó siendo uno de los principales sostenes de la economía nacional. Durante décadas, el país dependió de la riqueza generada en el Cerro Rico y en otras explotaciones mineras del departamento.
Potosí no solamente aportó a la construcción de Bolivia: mantuvo económicamente al país durante buena parte de su historia republicana. Sin embargo, esa enorme contribución no se corresponde con las condiciones de desarrollo que hoy presenta el Departamento.
El caso de Chuquisaca es diferente, pero igualmente significativo.
Sucre es la capital constitucional de Bolivia, pero la Guerra Federal de finales del siglo XIX terminó trasladando el centro efectivo del poder político y administrativo a La Paz. Ese proceso no fue solamente una derrota política para Sucre: significó también la pérdida de una enorme concentración de actividad económica, burocrática y de servicios que acompañaba a la sede de gobierno.
La consecuencia económica de aquella pérdida se prolonga hasta hoy.
Por eso, cuando se habla de una nueva distribución fiscal, no debería olvidarse que detrás de las cifras existen historias territoriales diferentes. Potosí reclama una compensación por haber entregado durante siglos una riqueza que sostuvo al país. Chuquisaca puede reclamarla por haber perdido, como consecuencia de la Guerra Federal, la sede efectiva del poder nacional.
Esto no significa que Potosí y Chuquisaca deban recibir más simplemente por razones históricas. Significa que la historia también debe ser considerada como uno de los criterios de equidad territorial.
El acuerdo de Sucre contempla mecanismos de compensación. Allí estará una de las claves de la futura reforma. Si el 50/50 pretende convertirse en un nuevo pacto entre el Estado y las regiones, esos mecanismos deben ser claros, objetivos y permanentes, y no quedar sujetos a la voluntad del gobierno de turno.
También habrá que considerar población, pobreza, extensión territorial, capacidad productiva, necesidades de infraestructura y capacidad de generación de recursos propios. Una fórmula inteligente no debería enfrentar a los Departamentos entre sí, sino reconocer sus diferencias para construir un sistema más equilibrado.
El objetivo del 50/50 no puede ser simplemente repartir la misma cantidad de recursos entre nueve Departamentos. Debe ser corregir una estructura que durante demasiado tiempo ha concentrado recursos y decisiones en el nivel central.
La reunión de Sucre abrió esa posibilidad. Ahora corresponde convertir el acuerdo político en una fórmula fiscal técnicamente sólida y políticamente justa.
Potosí y Chuquisaca no están pidiendo privilegios. Están recordando que un país que reconoce su historia también debe ser capaz de compensar sus desequilibrios históricos. Repartir por igual puede parecer justo, pero en una Bolivia profundamente desigual, la verdadera justicia consiste en distribuir de manera equitativa.
