Mientras las cotizaciones internacionales de los minerales mantienen a la minería boliviana entre los sectores de mayor dinamismo económico, otra cifra crece silenciosamente y debería preocupar tanto como los niveles de producción: la de trabajadores que pierden la vida en los socavones. Las seis muertes registradas en los últimos días elevaron a 92 el número de fallecidos en minas de Potosí en lo que va de este año, una cantidad que supera ampliamente los 70 casos registrados en el mismo periodo de 2025 y que anticipa un panorama desalentador si no se adoptan medidas urgentes.
Lo más preocupante es que estas tragedias no responden a fenómenos imprevisibles. Los reportes policiales muestran que las causas se repiten una y otra vez: gases tóxicos en galerías sin adecuada ventilación, derrumbes provocados por deficientes condiciones de sostenimiento y accidentes en “winches” y jaulas rudimentarias que continúan utilizándose para el transporte de trabajadores. Se trata de riesgos conocidos, para los que existen normas, procedimientos y tecnologías destinadas a prevenirlos.
En otras palabras, no estamos frente a una sucesión de fatalidades inevitables, sino ante una preocupante insuficiencia en materia de seguridad industrial. Resulta paradójico que, en tiempos de bonanza minera, cuando la producción y las exportaciones alcanzan niveles elevados, siga siendo tan escasa la inversión en equipos, infraestructura, capacitación y sistemas de prevención. La riqueza que sale de las entrañas de la tierra debería reflejarse también en mejores condiciones para quienes la hacen posible.
Especialmente doloroso resulta comprobar que entre las víctimas de este año figuran nueve menores de edad. Ese dato trasciende cualquier análisis sobre seguridad industrial y pone en evidencia el incumplimiento de normas laborales y de protección de la niñez. Ninguna necesidad económica puede justificar que un adolescente encuentre la muerte en un socavón.
El problema, además, no se limita a una región ni a un solo modelo de explotación. Los recientes hechos ocurridos en Huanuni recuerdan que los riesgos alcanzan también a la minería estatal. La seguridad industrial debe entenderse, por tanto, como una política nacional que comprometa por igual a cooperativas, empresas privadas y entidades públicas, bajo una fiscalización efectiva de las autoridades competentes.
A ello se suma otra señal de alarma. Mientras los concejales potosinos verifican un creciente deterioro del Cerro Rico y supervisan las labores de estabilización de su estructura, queda claro que la explotación intensiva no solo pone en riesgo un patrimonio de la humanidad, sino también la vida de quienes trabajan diariamente en sus galerías. La preservación del yacimiento y la protección de los trabajadores forman parte de una misma responsabilidad.
Quizá el mayor peligro sea que estas muertes empiecen a parecer normales. Cuando los accidentes se repiten con tal frecuencia que dejan de sorprender, la sociedad corre el riesgo de aceptar la tragedia como un costo inevitable de la actividad minera. Y no lo es. Ninguna bonanza puede medirse únicamente por el valor de las exportaciones o el crecimiento de la producción. También debe medirse por la capacidad de preservar la vida humana.
La minería seguirá siendo uno de los pilares de la economía boliviana. Precisamente por ello, no puede continuar edificándose sobre condiciones laborales precarias. Cada trabajador que desciende a un socavón tiene derecho a regresar con vida a su hogar. Convertir la seguridad industrial en una prioridad real ya no es una opción ni una recomendación: es una obligación moral, legal y económica que el país no puede seguir postergando.
