Cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna el próximo 6 de Agosto en Sucre no estará simplemente cumpliendo una tradición. Estará dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado, que reconoce a Sucre como la capital de Bolivia y dispone que las sesiones del Órgano Legislativo se instalen en ella. En el primer año del tercer siglo de vida republicana, ese mandato adquiere un significado que trasciende el protocolo.
La sesión de honor por la independencia siempre ha sido un momento de balance y de proyección. Sin embargo, este año coincide con una realidad que merece ser tomada en cuenta: Potosí ha recuperado el liderazgo de las exportaciones bolivianas. Después de muchos años, la balanza económica vuelve a inclinarse hacia el sur del país, recordando una constante de nuestra historia.
No es una coincidencia menor.
Durante el periodo virreinal, Chuquisaca y Potosí formaban un binomio inseparable dentro de la Audiencia de Charcas. La primera era el centro político, judicial y universitario; la segunda, el motor económico cuya riqueza sostuvo durante siglos una parte importante de la economía imperial. La historia parece haber querido reunir nuevamente esos dos pilares: la institucionalidad en Sucre y la fortaleza económica en Potosí.
Pero los símbolos solo adquieren valor cuando se traducen en decisiones.
Si Potosí vuelve a ser el principal generador de divisas del país, resulta legítimo preguntarse si la agenda legislativa responde a esa nueva realidad. La minería continúa siendo uno de los principales soportes de la economía nacional y, sin embargo, persisten desafíos relacionados con la industrialización, la infraestructura, la seguridad jurídica, la competitividad, la inversión y la distribución equitativa de los beneficios que genera la actividad extractiva.
La reflexión no debe limitarse a Potosí. El crecimiento de una región fortalece al conjunto del país cuando las instituciones son capaces de convertir esa riqueza en desarrollo sostenible.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de crear el marco normativo que permita consolidar la producción, atraer inversiones, generar empleo y ofrecer certidumbre en un contexto económico particularmente complejo.
La ciudadanía espera mucho más que discursos. Espera un Parlamento que legisle con visión de futuro, que fiscalice con responsabilidad y que deje de convertir las diferencias políticas en un obstáculo permanente para las decisiones que Bolivia necesita.
El Bicentenario ha quedado atrás como conmemoración; ahora corresponde demostrar que el tercer siglo de vida republicana será diferente del segundo.
No deja de ser significativo que esta reflexión tenga como escenario a Sucre, la capital constitucional, y que encuentre su complemento en el renovado protagonismo económico de Potosí. Desde los tiempos de Charcas, ambos territorios han compartido una misma historia. Hoy vuelven a encontrarse, no por nostalgia del pasado, sino porque el presente exige que la fortaleza institucional y la fortaleza económica vuelvan a caminar juntas. Ese sería, sin duda, el mejor mensaje que la Asamblea Legislativa podría dejar al país en una fecha tan trascendental.
