Hace exactamente ochenta años, el 21 de julio de 1946, Bolivia vivió uno de los episodios más dramáticos de su historia republicana. El presidente Gualberto Villarroel fue capturado en el Palacio de Gobierno, asesinado y colgado de un farol en la plaza Murillo junto a tres de sus colaboradores. La fotografía de aquellos cuerpos suspendidos continúa siendo una de las imágenes más estremecedoras del siglo XX boliviano y un recordatorio de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la confrontación política sustituye al Estado de Derecho.
Ocho décadas después, el debate histórico permanece abierto. ¿Fue una auténtica insurrección popular o un golpe de Estado? Gustavo Rodríguez Ostria sostenía que ninguna de esas explicaciones, por sí sola, alcanza a describir lo ocurrido. Hubo una movilización social real, alimentada por el creciente descontento hacia el Gobierno, pero también resultó decisiva la pasividad de las fuerzas encargadas de proteger al Presidente. Sin ese vacío de poder, difícilmente una multitud habría logrado tomar el Palacio y consumar el magnicidio.
Lo que tampoco admite discusión es que Villarroel encabezó uno de los gobiernos más reformistas de su tiempo. Durante su gestión se realizó el Primer Congreso Indigenal, se abolió el pongueaje, se prohibieron los trabajos personales gratuitos, se fortalecieron los derechos laborales y se impulsó la organización sindical. Entre las medidas menos recordadas figura la modificación del régimen tributario que gravaba desproporcionadamente a la población indígena, una decisión que afectó intereses profundamente arraigados desde el periodo virreinal y que recuerda las resistencias que enfrentó Antonio José de Sucre cuando intentó eliminar el tributo indígena en los primeros años de la República.
Nada de ello exonera al Gobierno de sus errores. La violencia política, particularmente los asesinatos de Chuspipata, deterioró gravemente su legitimidad y alimentó una espiral de confrontación que terminó por escapar al control de todos los actores. La respuesta a esa violencia fue otra aún mayor: el linchamiento del Presidente y de sus colaboradores. Bolivia quedó atrapada en un círculo de odio en el que unos justificaban sus excesos por los excesos de los otros. El resultado fue el mismo de siempre: más muerte, más resentimiento y una sociedad todavía más dividida.
Paradójicamente, muchas de las reformas impulsadas por Villarroel sobrevivieron a su muerte. Varias serían retomadas pocos años después por la Revolución Nacional de 1952 y hoy forman parte del proceso histórico que condujo a una sociedad más inclusiva. La historia terminó otorgando un reconocimiento que la política de su tiempo le negó.
Quizás esa sea la principal enseñanza de aquel 21 de julio. La violencia política nunca construye una nación. Puede cambiar gobiernos, derrocar presidentes o imponer victorias momentáneas, pero jamás resuelve los problemas de fondo. Por el contrario, deja familias destruidas, profundiza las fracturas sociales y siembra heridas que tardan décadas en cicatrizar. Cuando el odio reemplaza al debate y la multitud sustituye a la justicia, ya no existen vencedores: pierde la democracia, pierde el Estado y pierde el país.
Ochenta años después, más que preguntarnos quién tuvo razón en 1946, corresponde reafirmar un principio que debería ser innegociable: ninguna causa política justifica el asesinato, el linchamiento o la humillación del adversario. La historia de Villarroel nos recuerda que el poder puede ser efímero, pero el dolor provocado por la violencia permanece durante generaciones. Esa es una lección que Bolivia no puede darse el lujo de olvidar.
