La reunión de siete gobernadores para plantear una redistribución de la coparticipación tributaria ha devuelto al debate nacional un tema que durante años fue relegado: el pacto fiscal. Aunque la Constitución Política del Estado previó la revisión de la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno, ese mandato nunca se concretó. Hoy, la crisis económica obliga a retomarlo.
Las gobernaciones sostienen que, desde 2006, el Gobierno central les transfirió nuevas competencias sin asignar los recursos necesarios para cumplirlas. También cuestionan la excesiva concentración de funciones estratégicas en la administración central y proponen una redistribución gradual de la coparticipación tributaria, además de la transferencia de entidades vinculadas al sector minero. Más allá de la viabilidad de cada propuesta, el reclamo pone sobre la mesa una realidad innegable: el actual modelo de financiamiento de las autonomías ha llegado a su límite.
No se trata únicamente de distribuir más dinero. Se trata de adecuar el Estado a la realidad económica del país. El esquema vigente fue concebido cuando los hidrocarburos constituían la principal fuente de ingresos nacionales. Esa situación ha cambiado profundamente. La reducción de la producción y de las exportaciones de gas ha desplazado el eje de la economía boliviana hacia la minería, que hoy genera una parte sustancial de las divisas que ingresan al país.
En ese nuevo escenario, Potosí ocupa un lugar central. Actualmente es el principal Departamento exportador de minerales de Bolivia, condición que le otorga una responsabilidad decisiva en la generación de divisas, empleo e ingresos para el Estado. Sin embargo, esa importancia económica no encuentra un correlato en la distribución de los recursos ni en la administración de las instituciones encargadas del control y desarrollo de la actividad minera. En ese sentido, la ausencia de su gobernador en la reunión realizada ayer en El Alto es preocupante, por decir menos.
No es razonable que los Departamentos productores asuman los costos ambientales, sociales y de infraestructura derivados de la explotación de los recursos naturales, mientras las principales decisiones administrativas y una parte importante de los ingresos permanezcan concentrados en el nivel central. Las autonomías solo pueden consolidarse cuando las competencias van acompañadas de recursos suficientes y de una efectiva capacidad de decisión.
Por supuesto, una reforma de esta naturaleza no puede responder a cálculos políticos ni improvisaciones. Debe sustentarse en estudios técnicos, garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y preservar la solidaridad entre regiones. Pero tampoco puede seguir postergándose indefinidamente. El país ha cambiado y el sistema de distribución de los recursos debe cambiar con él.
La reunión convocada para el 5 de agosto representa una oportunidad para abrir un debate serio y responsable sobre el futuro del Estado autonómico. No basta con discutir porcentajes de coparticipación. Es necesario revisar el conjunto de las relaciones fiscales entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios, tomando en cuenta la nueva realidad productiva del país.
Bolivia tiene una deuda pendiente con el pacto fiscal. Saldarla no significa debilitar al Estado, sino fortalecerlo mediante una distribución más justa, eficiente y coherente con el aporte que cada región realiza al desarrollo nacional. Cuando cambia la economía, también deben cambiar las reglas con las que se distribuyen sus beneficios.
