La convocatoria a la Cumbre Nacional Minera, prevista para realizarse este mes, constituye una oportunidad para discutir el futuro de una de las actividades económicas más importantes del país. Sin embargo, el éxito del encuentro no dependerá del número de asistentes ni de la amplitud de la representación institucional, sino de la voluntad política para enfrentar los problemas estructurales que afectan al sector. Si la cita concluye con una declaración de buenas intenciones, habrá sido una oportunidad desperdiciada.
Un aspecto que llama la atención es la elección de La Paz como sede. Si bien cualquier ciudad puede albergar un encuentro nacional, resulta inevitable preguntarse por qué no se optó por Potosí, departamento que históricamente ha sido el principal productor y exportador de minerales de Bolivia. No se trata de una reivindicación regional, sino del reconocimiento a una región cuya economía, historia y realidad cotidiana están íntimamente ligadas a la minería. Llevar el debate al corazón mismo de la actividad extractiva habría tenido un significado que trasciende lo protocolar.
¿Por qué se elige La Paz cuando los datos de las exportaciones señalan inequívocamente a Potosí? Cualquiera diría que se quiere evitar el debate sobre el daño que sufre diariamente el Cerro Rico.
Pero el lugar donde se reúna la cumbre es apenas un detalle frente a los desafíos de fondo. El primero de ellos es la necesidad de revisar el régimen legal y tributario que rige la actividad minera. Desde hace años se observa un evidente desequilibrio entre la riqueza que generan los recursos minerales y los beneficios que reciben las regiones productoras. Mientras el Estado reclama mayores ingresos para atender crecientes demandas sociales y de infraestructura, el régimen impositivo de la minería continúa ofreciendo condiciones especialmente favorables para los operadores del sector. Es momento de abrir un debate serio sobre la distribución de la renta minera y evaluar si las regalías responden al verdadero valor estratégico de un recurso que, por definición, es no renovable.
Tan importante como la discusión económica es la protección de quienes trabajan en las minas. Las cifras de accidentes registradas este año vuelven a mostrar una realidad que el país parece haber normalizado. Más de ochenta personas han perdido la vida en faenas mineras, la mayoría en operaciones administradas por cooperativas, donde las condiciones de seguridad suelen ser insuficientes y los controles estatales resultan claramente limitados. Detrás de cada accidente hay una familia que pierde a uno de sus miembros, pero también un sistema que continúa privilegiando la producción por encima de la prevención.
La cumbre también debería mirar más allá de la coyuntura. Bolivia necesita impulsar la exploración geológica, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la industrialización de sus minerales y generar condiciones que permitan aprovechar de manera sostenible su potencial. Continuar dependiendo de yacimientos conocidos desde hace décadas equivale a hipotecar el futuro de una actividad que ha sido, durante siglos, uno de los pilares de la economía nacional.
El país no necesita otra reunión destinada a diagnosticar problemas ampliamente conocidos. Lo que demanda la minería boliviana es la decisión de emprender reformas que permitan distribuir mejor la riqueza, proteger la vida de los trabajadores y construir una política de Estado capaz de garantizar que los recursos minerales beneficien, en primer lugar, a Bolivia y a las regiones que los producen. Solo entonces podrá decirse que la cumbre habrá cumplido su propósito.
